Toda sociedad organizada debe estar soportada y respaldada por una justicia pronta, imparcial, eficaz, dentro del derecho ético, garantista, para mantener un Estado con plena gobernabilidad y bienestar ciudadano.
Colombia desde hace unas décadas viene de tumbo en tumbo en materia judicial, debido a una corrupción horizontal y profunda que ha tocado los niveles más encumbrados de la justicia, hasta llegar a la cima de la pirámide del poder: la Corte Constitucional. Un sistema enormemente desigual, propiciante de la inconsciencia educativa y ética. Incapaz de controlar y de mantener el ordenamiento judicial o garantías plenas para sus asociados. Individuos alimentados por la codicia, la violencia y el poder que han sabido permear las instituciones públicas y privadas en mayor o menor grado, según sus apetencias. Produce nostalgia patriótica el desdén de un gran porcentaje de colombianos que no intervienen en los innumerables y gravísimos problemas que afectan su diario vivir, negando el voto para sus propios intereses. Asusta que un porcentaje de la ciudadanía esté practicando justicia cruenta por sus propios medios. Inhumano marchar en oposición de acuerdos pacíficos, en contra de la vida. De acuerdo con el Estudio Mundial de Valores, el 70% de los colombianos no confían en los funcionarios. La precaria justicia tiene 42.000 presos sin condenar, más de 10.000 procesos represados. Un hacinamiento carcelario del 51%. El 70% de los capturados terminan en libertad, según datos policivos. El país necesita y reclama con urgencia las indispensables reformas para el progreso y convivencia de la nación: reforma a la justicia, a la salud, educación, electoral, etc. La búsqueda de la paz, sin ellas, no podrá hacer conciencia y erigir individuos idóneos y pulcros para la dirigencia y la participación ciudadana. Salir de esta anomia (descomposición social por desaparición de la normas y valores comunes) judicial es un imperativo estatal para la sociedad, el Gobierno y un nuevo país.
Ómar León Muriel Arango.
Medellín.
