Colombia, es tiempo de ser coherentes con la nueva ambición climática

Recientemente, el presidente Duque anunció que Colombia reducirá sus emisiones en un 51 % para el 2030, un incremento importante en la ambición climática del país, como parte de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) ante el Acuerdo de París. El anuncio demuestra gran compromiso y voluntad política y, aunque falta ultimar los detalles, sin duda es esperanzador. Sin embargo, hay que poner en la mesa algunas contradicciones entre este liderazgo climático y los planes minero-energéticos actuales, como el fomento de la exploración y producción de combustibles fósiles para la exportación, nuevas termoeléctricas para la matriz energética nacional y el impulso a la extracción de yacimientos no convencionales (fracking).

El nuevo reporte sobre “La brecha de la producción” lanzado hace poco por el Instituto del Ambiente de Estocolmo —Stockholm Environment Institute (SEI)—, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras organizaciones internacionales, analiza los planes de los gobiernos para producir combustibles fósiles y precisamente cuántas emisiones generarían encima de la producción correspondiente a las metas de París de 1,5 y 2 °C. Para ser consistente con la meta de 1,5 °C, entre 2020 y 2030, la producción global de carbón, petróleo y gas tendría que disminuir anualmente 11 %, 4 % y 3 %, respectivamente, para evitar lo peor del desastre climático. Esta y otras investigaciones nos señalan la urgencia de manejar de forma proactiva un declive en la producción desde ya, como parte de la recuperación económica del COVID-19. El informe también propone formas más justas y equitativas para lograr las transiciones energéticas.

El Gobierno Nacional, a través de varios pronunciamientos oficiales (desde Presidencia hasta Ecopetrol¹), ha prometido un futuro pos-COVID-19 más sostenible, incluyendo la expansión de los renovables no convencionales (por ejemplo, solar y eólico), una campaña masiva de reforestación, además de ambiciosos proyectos en otros sectores promisorios, como la bioeconomía. Sin embargo, según EnergyPolicyTracker.org, a su vez sigue impulsando la producción y el consumo del petróleo, gas y carbón como base para la recuperación económica del país. Ante la emergencia climática, igual que la crisis económica actual por COVID-19, abogar con los recursos del país por una industria en declive no es estratégico ni muestra visión de futuro y podría dejar a las regiones productoras del país rezagadas ante los mercados descarbonizados.

Hay que aclarar que adicionar nuevas energías renovables no convencionales a la matriz energética mientras al mismo tiempo se expanden la producción y el consumo de combustibles fósiles no es transición energética. El Ministerio de Minas y Energía planea una matriz energética nacional que pase del 1 % hoy al 12 % de inclusión de energía eléctrica producto de fuentes renovables no convencionales para el 2022², pero a la vez se regularon los proyectos de investigación de fracking en las regiones del Cesar y Magdalena Medio, con inversiones de más de US$400 millones en el 2021³. Hay planes de expandir el consumo de gas natural para transporte de carga y uso doméstico, y apoyos a nuevas centrales térmicas y líneas férreas con carga de carbón¹. En el transcurso del año se reformó el Sistema General de Regalías con una asignación mayor a las regiones productoras. Esto, claro, con la intención expresa de compensar los costos ambientales y sociales de la extracción, pero también para justificar y disminuir la resistencia local a la expansión y perpetuación de la explotación de hidrocarburos.

Continuar invirtiendo en el uso y la producción de combustibles fósiles no solo tiene implicaciones para el cambio climático, sino en la salud y el acceso a la energía, y demandas sobre el recurso hídrico, además de ser inversiones arriesgadas en términos económicos. Las energías renovables son cada vez más competitivas. Según el World Energy Outlook 2020, de la Agencia Internacional de Energía, la solar es la fuente de energía más barata en el mundo, con un costo entre US$20 y US$60 por MWh generado, frente a costos entre US$55 y US$120 que tienen las nuevas plantas de carbón4. Grandes inversionistas internacionales ya están alejándose del carbón.

En caso de seguir con nuevas termoeléctricas, nos veremos en la necesidad de deshacernos de infraestructura energética no renovable junto a grandes pérdidas económicas (lo que llaman “activos varados”) y sin alcanzar los objetivos de emisiones planteados. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que a escala latinoamericana las pérdidas podrían llegar a representar entre US$37.000 millones y US$90.000 millones en el sector eléctrico entre 2021 y 2050, con los costos más altos sufridos entre las tecnologías basadas en carbón.

La crisis económica generada por el COVID-19 y la caída del precio de los combustibles fósiles son pruebas adicionales de que la dependencia económica de estos recursos genera serias vulnerabilidades al país. La transición energética mundial lo hará de forma mucho más dramática y permanente. Colombia tiene la oportunidad de mostrar liderazgo, así como se ha hecho con su nueva ambición de emisiones ante el Acuerdo de París, en hacer más coherentes sus planes y políticas minero-energéticas ante esta misma realidad climática.

* Instituto del Ambiente de Estocolmo, Bogotá.

¹ Foro virtual Energías limpias: una elección natural para la reactivación.

² Ministerio de Minas y Energía, Histórico de noticias, 22 de octubre de 2020. “El sector minero energético será clave en la reactivación sostenible de Colombia con proyectos por más de $36 billones”.

³ De un comentario de Andrés Zamora, presidente de la ANH. Visto en varias publicaciones de los medios.

4 IEA World Energy Outlook 2020. Estimated levelised costs of electricity (LCOE) from utility-scale solar with revenue support, relative to the LCOE range of gas and coal power.