¿De quién es la culpa?

"Es momento de que, como sociedad, busquemos la forma de incluir en el sistema educativo a todas las personas": Maine Mallarino Cotera.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es domingo, 15 de marzo de 2026, y los habitantes de un barrio de una zona periférica de una gran ciudad del país se despiertan para encontrarse frente a una nueva problemática. Durante la noche, el tubo principal que abastece de agua a los barrios circundantes se rompió. Esto provoca no solo cortes generales en el servicio, sino también que la calle principal esté inundada durante horas. Pronto se descubre la causa: un vecino, harto de los constantes problemas de presión, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En sus intentos por encontrar la tubería madre, terminó por romperla, dejando tanto su casa como todas las del sector sin servicio.

El vecino se excusa: desde su construcción, las casas han sufrido problemas de presión de agua tan graves que, en ciertos horarios, no hay servicio en absoluto. La causa todos la conocen: uno de los barrios cercanos es “de invasión”. No está conectado legalmente a ninguno de los servicios, y la infraestructura no está diseñada para proveer el servicio a tantas personas. ¿A quién, entonces, se le deben atribuir las culpas? ¿Al vecino, responsable directo del daño y de los costos de reparación? ¿A los habitantes del barrio de invasión, causantes del problema subyacente que aqueja a la comunidad desde hace años?

Me parece que esta es una de esas situaciones en las que es necesario buscar una tercera opción. Si en uno de los núcleos urbanos del país aún hay barrios enteros de personas que no tienen acceso seguro a los servicios básicos, es momento de ver el panorama más amplio.

Toda la problemática narrada no es más que un síntoma de uno de los problemas más profundos que aquejan a nuestra sociedad: la exclusión social. Si la exclusión social se sigue viendo como una característica más de nuestro país y no como algo por solucionar, si sigue reflejándose en cómo trazamos nuestras calles y organizamos nuestros servicios, nunca llegaremos a ser un país más equitativo.

Más allá de nuestras propias ideologías políticas, llama la atención un comentario recurrente en redes sociales sobre la senadora y candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué. Constantemente, y como si ese fuera el principal criterio para evaluar a los otros candidatos, se menciona su nivel educativo como central en la discusión.

Me parece, entonces, un buen momento para plantear, por incómodas que sean, algunas preguntas. En la forma en que está organizado el país, ¿tenemos todos las mismas oportunidades? ¿Tenemos acceso a los mismos servicios? ¿Puede alguien a 40 minutos de la capital acceder a un servicio de salud de la misma calidad que alguien que vive a dos o tres horas? ¿Le es igual de fácil a alguien que nace y crece en Bogotá llegar a la educación superior que a alguien que se cría en las zonas rurales del Cauca?

Nuestra calidad como seres humanos, como profesionales o como líderes no está dada por lo que tuvimos o no la oportunidad de hacer, sino por lo que hicimos con lo que tuvimos. Y me parece que es momento de que, como sociedad, busquemos la forma de incluir en el sistema educativo a todas las personas, más que ridiculizar a quienes no pudieron hacer parte de él. Y de que hagamos lo necesario para que no falte el agua en los barrios de las ciudades.