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Colombia necesita modernizar su catastro. En eso hay consenso. Pero ninguna modernización puede construirse a costa de volver inviable la permanencia de los ciudadanos en sus propios predios. En distintas regiones del país, propietarios rurales enfrentan incrementos abruptos en sus avalúos catastrales —en algunos casos superiores al 100 %— que se traducen en cobros de impuesto predial desproporcionados frente a su realidad económica.
Una cosa es la clasificación técnica del uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial. Otra muy distinta es la vida real del ciudadano que habita esos territorios, trabaja la tierra y depende de ingresos inestables. En muchos casos, incluso cuando se plantea un cambio en el uso del suelo, los propietarios enfrentan limitaciones estructurales: ausencia de acceso a agua potable, infraestructura insuficiente o falta de servicios básicos que hacen inviable cualquier transformación productiva. El resultado es crítico: el propietario queda atrapado en un activo que no puede desarrollar, no puede rentabilizar adecuadamente y, en muchos casos, tampoco puede vender en condiciones razonables.
La actividad agrícola no es una renta fija. Está sujeta a riesgos permanentes: clima, plagas, volatilidad de precios, costos crecientes y pérdidas recurrentes. Sin embargo, el sistema tributario parece asumir lo contrario. Cuando el impuesto predial supera la capacidad de pago del contribuyente, deja de ser un instrumento de financiación del Estado y se convierte en un factor de expulsión económica. Las consecuencias son previsibles: venta forzada de predios, endeudamiento, abandono rural, menor producción agrícola y aumento de la conflictividad social.
A esto se suma una preocupación creciente en distintas regiones: la existencia de predios con características similares que presentan avalúos significativamente diferentes, sin una explicación clara para el ciudadano. La ausencia de criterios transparentes y comparables en la determinación de estos valores debilita la confianza en el sistema y refuerza la percepción de inequidad en el cobro del impuesto. Si un ciudadano se ve obligado a abandonar su tierra por no poder pagar impuestos, no estamos ante un proceso de modernización, sino ante una falla institucional.
Este no es un problema aislado; es una tendencia que empieza a repetirse en distintas regiones del país. Por ello, la política catastral debe incorporar al menos tres variables fundamentales: el valor del suelo, el uso potencial del predio y, sobre todo, la viabilidad económica real del propietario. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de: garantizar transparencia en los avalúos catastrales; revisar los incrementos desproporcionados; incorporar la capacidad de pago en el diseño del impuesto; establecer mecanismos de transición que eviten impactos abruptos.
El Estado tiene la facultad de recaudar impuestos, pero también la obligación de hacerlo con equidad, proporcionalidad y sentido de realidad. Una política fiscal que expulsa al ciudadano de su propiedad no fortalece al Estado: debilita su legitimidad y compromete el futuro del campo colombiano.
Por Iván Álvarez Piedrahita
