La justicia selectiva: Epa Colombia y las mujeres invisibles en prisión

"En Bogotá permanecen mujeres en condiciones similares o incluso más graves que las de Epa Colombia, pero sin respaldo mediático": Mark Ruiz.

Foto: Óscar Pérez

Como jurista y consultor en asuntos de género, desde que conocí el primer fallo contra Epa Colombia, en el que la jueza sostuvo que, por su estatura de 1,50 metros, no representaba un peligro para la sociedad, me vi en la obligación de escribir al Consejo Superior de la Judicatura. Señalé entonces que ese razonamiento era insostenible y discriminatorio, porque la peligrosidad no puede medirse por el tamaño físico de una persona, sino por la gravedad de la conducta y el perjuicio social causado. Al mismo tiempo, expresé que la prohibición de usar redes sociales, impuesta por otro juez como parte de la sanción, no debía entenderse como censura, sino como una medida accesoria y proporcional, dirigida a evitar la reiteración de las conductas delictivas a través de medios digitales.

Con el tiempo, el caso de Epa Colombia comenzó a parecer un precedente extraño en la justicia del país. Después de una condena en firme y un tiempo en prisión, su situación jurídica cambió con rapidez mediante mecanismos como la sustitución de la pena. Sin embargo, más que obedecer a criterios de igualdad, esas decisiones parecieron estar motivadas por la presión mediática y política. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué habría ocurrido si no se tratara de una figura pública con notoriedad y respaldo económico?

El debate se intensificó cuando el señor presidente Gustavo Petro pidió aplicar la Ley 2292 de 2023 para que Epa Colombia pudiera salir a trabajar, pero esa norma no era aplicable porque excluye delitos como instigación a delinquir y terrorismo. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago lo aclaró al señalar que la condena de Daneidy Barrera estaba fuera de los supuestos de la ley.

Lo más preocupante fue que el caso se discutiera en un Consejo de ministros, lo que orientó al sistema judicial hacia un asunto particular y evidenció una justicia selectiva. Aunque en apariencia se favoreció a una mujer, en realidad se invisibilizó a cientos de mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas madres cabeza de hogar, condenadas por delitos menores o no violentos.

La defensa técnica de Daneidy Barrera presentó graves falencias al aceptar agravantes que cerraron la posibilidad de un debate probatorio y anticiparon una condena más severa. Esa decisión le impidió acceder a beneficios como la prisión domiciliaria y, además, no se le explicó con claridad el alcance de aceptar cargos relacionados con terrorismo, lo que configuró una asesoría deficiente y vulneró su derecho al debido proceso.

El trasfondo de todo este debate es la desigualdad en la aplicación de la ley. En Bogotá permanecen mujeres en condiciones similares o incluso más graves que las de Epa Colombia, cumpliendo penas en contextos de vulnerabilidad y pobreza estructural, pero sin respaldo mediático ni político. La reflexión es clara: si en nombre de la resocialización se flexibilizó su condena, lo que corresponde no es universalizar indiscriminadamente esos beneficios, sino aplicarlos de manera proporcional a otras mujeres privadas de la libertad en condiciones semejantes.

El verdadero debate no está en si Epa Colombia merecía o no beneficios jurídicos, sino en por qué estos se otorgaron de manera preferente y no proporcional al resto de mujeres en prisión. Que un caso individual haya llegado a ser discutido en un Consejo de ministros y orientado desde la Presidencia demuestra un patrón preocupante para la justicia y su enfoque de género. Una democracia madura no se mide por cómo favorece a las privilegiadas, sino por cómo garantiza igualdad y proporcionalidad a quienes siguen siendo invisibles.