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Cuando nació la minga, a mediados de la década de los ochenta en el Cauca, se proyectó como un grito que reclamaba el reconocimiento de los pueblos ancestrales como sujetos de pleno derecho. A ella se unieron más pueblos indígenas y negros del país, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y algunos sectores políticos que por entonces estaban pactando la paz. Finalmente, la Constitución Política de 1991 validó ese reconocimiento, a la vez que abrió unos caminos democráticos que, cuatro décadas después, constituyen el ejercicio pleno de una política incluyente y multicultural.
Poco sabíamos en los noventa lo que implicaban la “plurietnia” y la multiculturalidad. Con el artículo 171 de la Constitución se creó la circunscripción especial indígena para el Senado, y con el artículo 176 las curules especiales en la Cámara de Representantes, reglamentadas para indígenas y afrodescendientes (una década después) mediante la Ley 649 de 2001. A la fecha, existen cuatro curules especiales indígenas: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, además de dos curules para la Cámara en el caso de la circunscripción afro. Dado que existen 296 curules en total, la participación étnica apenas supera el 1 %. Si consideramos que el último Censo Nacional Agropecuario reportó una población rural de 15’500.000 personas en Colombia (6,8 % indígenas y 7,1 % negras), significa que ese 1 % de participación política representa al 13,9 % de la población nacional.
Aunque desde esta perspectiva los porcentajes no dicen mucho, veámoslo desde el mapa humano. Según la ANT, a la fecha existen 788 resguardos indígenas pertenecientes a 115 pueblos diferentes, que ocupan cerca de 31 millones de hectáreas, y más de 300 consejos comunitarios que agrupan a comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, con poco más de 8 millones de hectáreas formalizadas. Es decir, cerca del 32 % del territorio nacional está bajo estas figuras colectivas de propiedad, lo que da cuenta de nuestro carácter multicultural.
Aunque desde 1991 reconocimos en el papel la multiculturalidad, tuvieron que pasar décadas para que una mujer étnica ocupara un lugar de poder y decisión como la Vicepresidencia de la República. La presencia de Francia Márquez en la arena política en 2022 y la de Aida Quilcué en la actualidad invitan a reflexionar sobre agendas que desafían la tradición blanca hegemónica y ponen en el escenario el mapa humano de una realidad multicultural.
Márquez, abogada, ambientalista, activista y feminista afrocolombiana, fue elegida vicepresidenta en 2022 con una votación que superó a la de los tradicionales clanes políticos, y le habló al país sobre una realidad de despojo y pobreza histórica causada por el racismo estructural, evidente en los daños ambientales y sociales. Quilcué, indígena nasa, ha sido lideresa comunitaria, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y hoy es senadora de la República y candidata a la Vicepresidencia. Su presencia en la contienda electoral ha tenido que justificarse frente a un clasismo político que critica la ausencia de pergaminos académicos, desconociendo las casi cinco décadas de trayectoria en formación política y liderazgo comunitario alcanzadas mediante su participación en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Perseguida desde el asesinato de su esposo en 2008, sigue enfrentando las hostilidades propias del escenario político y representa el liderazgo indígena forjado a lo largo de siglos de lucha territorial.
Esta participación política étnica de alto nivel nos invita a entender este momento como una expresión de la política multicultural por tres razones: porque reconoce liderazgos que han emergido en medio del conflicto; porque nos permite comprender las maneras en que hemos atravesado décadas de violencia; y porque nos ayuda a identificarnos en una geografía humana marcada por condiciones históricas de desigualdad asociadas a las diferencias étnicas.
Por Mónica Velasco Olarte
