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El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de una “Paz Total”, pero en el Catatumbo esa consigna terminó convertida en paradoja. Durante 2025, esta región ardió en una guerra cruel entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, una disputa por el control de las rentas ilícitas y del territorio fronterizo con Venezuela. La escalada comenzó a mediados de enero, cuando el ELN decidió mostrarle los dientes al Gobierno tras un ataque atribuido a sus rivales insurgentes. El balance fue devastador: más de cien personas asesinadas y decenas de miles de desplazados en pocos meses. Una tragedia humanitaria de esta magnitud debía ser la prioridad absoluta de un gobierno que se proclama de paz, pero la respuesta oficial dejó dudas inquietantes sobre quién mandaba realmente.
En un giro irónico, las disidencias de las FARC terminaron cumpliendo un papel tristemente similar al de los antiguos paramilitares. En los años noventa, el Catatumbo sufrió la arremetida de escuadrones de ultraderecha contra guerrillas y civiles señalados como colaboradores. En 2025, fueron exguerrilleros quienes actuaron como fuerza de choque contra el ELN, con la tolerancia del Estado. Ante la ofensiva del ELN, el Gobierno optó por una decisión polémica: reubicar temporalmente al Frente 33 en una zona de concentración protegida en Tibú. Una resolución administrativa les garantizó seguridad, suspensión de órdenes de captura y condiciones de permanencia por siete meses. El objetivo oficial era facilitar una desmovilización negociada, pero, en la práctica, se les otorgó un escudo institucional mientras el conflicto seguía su curso.
La estrategia evocó épocas oscuras: un grupo armado ilegal contenido, o incluso amparado, para golpear a otro. No faltaron voces que denunciaron un paramilitarismo de nuevo cuño bajo un gobierno que se definió como antítesis de ese fenómeno. Líderes sociales advirtieron que el Estado se retiró del territorio y dejó a la población atrapada entre fuegos cruzados. Un defensor de derechos humanos lo resumió con crudeza: el Ejército parecía la Cruz Roja, neutral frente a una guerra que desangraba a los civiles. La paradoja es brutal: quien fue uno de los más férreos denunciantes del paramilitarismo terminó replicando su lógica por omisión, permitiendo que unos irregulares combatieran a otros bajo el manto de la inacción estatal.
Mientras el Catatumbo sangraba, la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN permanecía congelada desde enero. Petro rompió negociaciones acusando a esa guerrilla de cometer crímenes de guerra y atacar sistemáticamente a civiles. La desconfianza se impuso. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2025 ocurrió algo inesperado: el ELN anunció una tregua unilateral por las fiestas decembrinas, presentada como un gesto de paz con el pueblo colombiano. El cese al fuego, vigente entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, llegó apenas días después de una ola de ataques que incluyó acciones en grandes ciudades. Cínico o no, el gesto abrió una pequeña ventana en medio del escepticismo.
Al cierre de esta columna, el presidente no se ha pronunciado sobre el anuncio. El silencio contrasta con el mensaje que envió en octubre, cuando llamó al ELN a retomar contactos y a “probar la paz de Colombia”. La expectativa es clara: si existe una oportunidad real de reanudar los diálogos, el Gobierno debe asumir un papel activo y coherente. En este escenario, la paz deja de ser consigna y se convierte en responsabilidad política.
La comunidad internacional tampoco puede ser espectadora pasiva. Colombia ha avanzado en sus procesos de paz con acompañamiento externo, y esta vez no debería ser distinto. El respaldo internacional puede facilitar puentes, ayudar a construir un cese bilateral verificable y garantizar credibilidad, siempre con respeto a la soberanía nacional.
En palabras llanas, es hora de que el Gobierno asuma con coherencia la lógica del proceso que decidió emprender. La paz no se construye esperando condiciones ideales ni rompiendo el diálogo cada vez que la realidad incomoda. Se construye dialogando incluso en medio del conflicto. Cumplir lo acordado y mantener la mesa abierta es lo mínimo exigible. La tregua navideña del ELN puede ser calculada, pero ofrece un respiro. La verdadera paradoja sería desperdiciarlo y condenar al país a otro año de guerra inútil.
* Abogado, profesor universitario y defensor de Derechos Humanos.
Por Carlos Arturo Ramos Mejía
