Las prácticas de desvíos y extracción de rentas de algunas EPS dentro del Sistema de Salud

""¿Será que no hay evidencias suficientes de que el actual Sistema de Salud es un modelo fallido?: Grupo de académicos.

Foto: Universidad de los Andes

Hace algunos años se diseminó el concepto de extracción de rentas de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), también denominadas Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), creadas por la Ley 100 dentro del Sistema de Salud Colombiano (SSC). En el presente hay hallazgos forenses y decisiones judiciales que evidencian cómo varias de estas EAPB se han visto implicadas en el desvío de recursos de naturaleza pública, dentro y fuera de la legalidad del marco regulatorio del SSC. Son diversos los órganos de control (Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Procuraduría, Superintendencia Nacional de Salud-SNS) que han generado evidencia sólida sobre comportamientos de uso indebido de recursos parafiscales, alteración contable, facturación irregular, inversiones ajenas al aseguramiento en salud, pagos sin soporte y deudas millonarias. A continuación, algunos ejemplos:

Saludcoop es un caso emblemático, donde se confirmó que hubo extracción de rentas de forma sistemática mediante el uso y apropiación indebida de recursos públicos del SSC. Fueron largos años de investigación y actuaciones judiciales de primera y segunda instancia, hasta que, a mediados de 2025, la Corte Suprema ratificó la condena a 15 años de prisión contra Carlos Palacino, expresidente de esta EPS, por desvío de más de $112.000 millones entre 2000 y 2004. De acuerdo con la sentencia, se emplearon recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para inversiones no asociadas a la prestación de servicios de salud; hubo manipulación de estados financieros para simular utilidades; se “invirtieron” recursos en adquisiciones, operaciones inmobiliarias y pagos a terceros sin relación con los servicios de salud, es decir, sin relación con el objeto jurídico de la UPC.

Adicional a la sentencia previa, el Consejo de Estado (CE) (2025) ratificó el fallo de la Contraloría que declaró la responsabilidad fiscal de Carlos Palacino por más de $1,4 billones, al validar que entre 1998 y 2010 se desviaron recursos para fines no autorizados, incluyendo pagos de deudas privadas e inversiones no relacionadas con los servicios de salud, evidenciando la dimensión estructural del problema. El CE estimó que hubo dolo en el “diseño de mecanismos de apropiación indebida de estos recursos”, vulnerando el marco legal de la destinación específica de estos parafiscales de naturaleza pública. Igualmente, investigaciones de la Contraloría (2024) reportaron irregularidades de dicha EPS por $91.133 millones, encontrando que se pagaron recursos sin relación con su objeto social, que incluían leasing para inmuebles. Lo anterior demuestra el patrón de desvío estructural dentro de la entidad.

Entre 2024 y 2025, la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió investigaciones disciplinarias y fiscales sobre las EPS Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud, basadas en investigaciones y reportes de la SNS. Los hallazgos concluyen que hubo transferencias irregulares, posibles vínculos con paraísos fiscales, pagos a terceros sin soporte, anticipos no legalizados de más de $21.000 millones y varias inconsistencias que la PGN remitió a la Fiscalía y la Contraloría. En Asmet Salud se identificaron varios anticipos injustificados; en Emssanar se encontraron presuntos sobrecostos en material de osteosíntesis y problemas en los mecanismos de compensación de cuentas por cobrar. Igualmente, Coosalud presentó disparidades entre registros de giros ejecutados e información financiera oficial, sugiriendo deficiencias en los procesos de control interno y en la trazabilidad de estos recursos públicos. Estos hechos, reportados por la Procuraduría, evidencian patrones repetitivos de oscuridad y extracción de rentas por varias EAPB.

De otra parte, la SNS ha generado un repositorio oficial de sanciones contra EPS, disponible públicamente mediante su plataforma ArcGIS. Se puede resaltar el caso muy documentado de Medimás, EAPB sancionada y liquidada en 2022, con multas por $6.960 millones derivadas de negligencia persistente en la entrega de medicamentos, inatención, barreras de acceso y deficiencias graves en la gestión de servicios entre 2017 y 2021. Los resultados de las investigaciones revelaron casos cerrados no resueltos, demoras no justificadas en procesos de importación de medicamentos vitales y fallas en la autorización de servicios médicos.

Respecto a Medimás, al momento de su liquidación (2022), se reportaron pasivos por más de 2,3 billones de pesos; sin embargo, el agente liquidador refirió acreencias radicadas por cerca de $ 4,2 billones. Esta diferencia ilustra la brecha entre contabilidad y reclamaciones efectivas que quedan tras la salida del mercado. Coomeva EPS (enero de 2022) presentaba pasivos cercanos a $ 1,7 billones a su cierre, con múltiples alertas de deficiente desempeño financiero. En el régimen subsidiado, Emdisalud (2019) registraba deudas por cerca de $ 503.000 millones al liquidarse, de acuerdo con los comunicados oficiales. Saludvida reportaba pasivos mayores a $ 1,3 billones y deudas a prestadores superiores a $ 200.000 millones al momento de su intervención forzosa y liquidación. En Convida (septiembre de 2022), el seguimiento técnico reveló un pasivo concentrado de $ 433.000 millones ($299.000 millones correspondían a prestadores), con un deterioro asistencial sostenido.

El caso más reciente es el de la Nueva EPS, a la que la Fiscalía General de la Nación (FGN) ha imputado cargos penales a cuatro exdirectivos por presuntas irregularidades ocurridas entre 2019 y 2023, donde habrían ocultado el procesamiento de cerca de 14 millones de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud, por un valor superior a los $ 70.500 millones de pesos. De acuerdo con la FGN, los estados financieros de esta EPS habrían sido manipulados para simular estabilidad económica, con el fin de obtener recursos públicos y continuar con la operación del aseguramiento.

Las EPS manejan recursos públicos cuantiosos: más del 80 % del gasto total en salud, que en su gran mayoría se reciben de manera anticipada, previo a la prestación de servicios de salud, con mecanismos de transparencia y trazabilidad de su gestión opacos e insuficientes para la adecuada vigilancia y control ciudadano y del Estado, aun con todos los ajustes normativos, generando posibilidades de desvío y uso indebido de estos recursos públicos. Ante este panorama de desvíos y extracción de recursos del SSC: ¿cuántas EPS se han cerrado? El Espectador reporta que, a 2024, se habían liquidado más de 100 EPS; la Contraloría reporta que, de las 157 EPS autorizadas desde la creación de la Ley 100, a la fecha operan 29; es decir, se han retirado, liquidado o fusionado 128 en 30 años.

Lo anterior evidencia un patrón documentado de desvíos, manejo irregular de recursos y fallas estructurales de gobernanza en diversas EAPB. Estos hallazgos no corresponden a elementos especulativos o narrativas ideológicas, sino a conclusiones oficiales derivadas de decisiones judiciales, fallos fiscales, investigaciones disciplinarias y sanciones administrativas, todas completamente verificables dentro de repositorios institucionales. De nuevo, nos preguntamos: ¿quién cubre esas desviaciones, malos manejos de recursos y extracción de dinero del SSC? ¿No es necesario promover un diseño nuevo de un Sistema de Salud? ¿Será que no hay evidencias suficientes de que el actual Sistema de Salud es un modelo fallido? Es claro que las expectativas generadas por las reformas de mercado no se han cumplido. ¿No será momento de pasar de un periodo de firme creencia en la competencia de mercado, con poca participación del Estado, a un momento donde se desmonten las prácticas comerciales y de ánimo de lucro en el SSC, promoviendo un papel protagónico y proactivo del Estado?

P. D. Las opiniones y puntos de vista expresados por los autores no reflejan la visión de las instituciones a las que están afiliados.

* Documento elaborado por Jorge Martín Rodríguez (profesor e investigador universitario), Gabriel Jaime Otálvaro (profesor e investigador universitario), Daniel Felipe Patiño (profesor e investigador universitario) y John Sebastián Patiño (investigador de sistema de salud y analista de políticas públicas).