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Estando en la Universidad de Buenos Aires presencié la confrontación política, en vísperas de las elecciones del 26 de octubre, entre los defensores del gobierno de Milei (La Libertad Avanza) y la oposición peronista (Fuerza Patria) y de izquierda (FITU). El clima se había caldeado por la derrota del gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (septiembre de 2025), en las que triunfó la oposición peronista con una ventaja de 14 puntos, y más recientemente por el chantaje de Trump, quien ofreció un préstamo de 40.000 millones de dólares para salvar de la bancarrota al gobierno de Milei solo si este ganaba las elecciones, así como por las denuncias de corrupción que involucran al presidente y a su hermana Karina, su secretaria privada.
Por su orientación ideológica, no es extraño que el gobierno de Milei haya utilizado el tema del delito y el miedo que este produce en la opinión pública para gobernar y pedir votos (el “populacherismo punitivo”, como lo llama el jurista argentino más universal, Eugenio Raúl Zaffaroni). En efecto, Milei se precia de estar derrotando la criminalidad y de representar a la “gente de bien”, de ser el mejor gobierno de la historia, el símbolo de la antipolítica, pero al mismo tiempo defensor del statu quo económico, entre otros atributos, para cuya credibilidad recurre a la política-espectáculo, presentándose en conciertos como una estrella de rock.
No obstante lo anterior, distinto es el sentimiento de la gente, pues, según cifras del Ministerio de Seguridad, los delitos contra la propiedad registrados (cifra dorada) en 2024 ascendieron a 471.077, mientras que en 2023 fueron 455.271. Asimismo, en sentido contrario a la creencia del gobierno de estar derrotando el narcotráfico, en vísperas de las elecciones estalló el escándalo por narcotráfico que involucró al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, por vínculos con un empresario preso en EE. UU. (tuvo que renunciar a su candidatura), así como el de otra diputada del mismo partido de Milei, L. Villaverde, candidata al Senado. En fin, en vísperas electorales, no por casualidad el 58 % de la población desaprobaba la gestión del gobierno de Milei, mientras que el 41 % la aprobaba. Según la consultora de opinión Delfos, la imagen de Milei venía en caída desde el revés de las criptomonedas que lo vinculan con actos de corrupción y por la designación, por decreto, de un ministro de la Corte Suprema.
Para quienes se autodenominan “libertarios”, no se trataba de una elección más: “Se pone en juego si queremos ver a los chorros presos —ladrones— o si los quieren ver libres…”, afirmaban. Durante la campaña, los seguidores de Milei atribuían el supuesto “éxito” del gobierno a la seguridad lograda, para lo cual creían haber “derrotado la política de Zaffaroni”, cuya teoría —según sostenían— había permitido que “los chorros anduvieran sueltos”. Y no sería esto cualquier cosa: se vanagloriaban de estar derrotando a un exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocido por 45 universidades europeas y latinoamericanas con doctorados honoris causa por, entre otras razones, sostener que no se erradica la criminalidad ni la conflictividad social mediante la venganza punitiva selectiva, y por ser un defensor universal de los derechos civiles y políticos.
Para Milei, ello representa el “wokeismo jurídico”, del mismo modo que, según él, el papa argentino Francisco encarna el “wokeismo social” por pronunciarse contra las injusticias sociales. Le atribuye al pontífice “estar siempre del lado del mal” o “impulsar el comunismo”, del mismo modo que descalificó a la ONU en 2024 por estar orientada —según su visión— por la misma ideología.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia.
Por Mauricio Martínez Sánchez
