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A lo largo de los cuatro años durante los cuales el gobierno Petro ha estado a cargo del país, muchas de sus políticas han sido cuestionadas, unas con más razón que otras. Entre ellas, una clave es la política energética, en la cual se apuesta por una transición a cero emisiones de CO2, o lo más cercano posible. Para cumplir este objetivo, se han tomado decisiones polémicas. En particular, se destaca la decisión de suspender nuevas exploraciones en busca de yacimientos de gas y pausar la firma de nuevos contratos de explotación con Ecopetrol.
Con miras a facilitar un cambio de rumbo drástico del país en materia energética, se han encargado de seleccionar personas de reconocida afinidad con el presidente Petro, como es el caso de la junta directiva de Ecopetrol, ignorando en gran parte méritos relativos a la capacidad técnica, que debería ser el requisito fundamental para asumir la dirección de una empresa de suma importancia para el país, como lo es Ecopetrol.
La situación, como podría esperarse, ha generado preocupación en diferentes gremios y asociaciones del sector energético. La propia ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ha venido alertando sobre la disminución de reservas de gas, la pérdida de autonomía en este sector y una crisis naciente de gas natural que amenaza con impactar a toda la industria colombiana. Además, según Naturgas, esta situación está afectando a los colombianos con aumentos de precios, como el del gas vehicular, que podrían mitigarse e incluso evitarse si nuestros dirigentes se decantaran por una política energética más pragmática.
Podemos empezar por entender nuestro papel en la crisis climática como país que explota combustibles fósiles. Según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en 2023 las emisiones de CO2 de Colombia representaron el 0,46 % del total mundial. De esta cifra, la explotación de hidrocarburos se encuentra en tercer lugar, por detrás de la agricultura y la deforestación, lo que implica que nuestro esfuerzo para reducir estas emisiones debería centrarse en otros frentes.
De igual forma, ¿cómo se compara nuestro impacto con el 32 % de las emisiones de China o el 14 % de las de Estados Unidos? Países que históricamente se enriquecieron e impulsaron sus industrias con petróleo ahora imponen sobre el sur global la carga y la responsabilidad de la transición energética o, como lo describe Paula Camargo en Open Global Rights, un colonialismo climático que obliga a una transición energética dependiente de la continuidad de los escenarios de poder político y financiero.
Esto no significa que el cambio climático sea falso ni que la transición sea innecesaria; significa que las soluciones climáticas pueden organizarse de forma desigual, beneficiando a los países con mayor poder financiero y tecnológico, mientras limitan el margen de decisión de los países periféricos.
¿Debe Colombia renunciar a la transición energética y dejarla en manos de las naciones que fueron las principales causantes de la crisis climática? No es el caso. Se trata de crear un plan viable que no comprometa la soberanía energética del país ni su economía. La pregunta es otra: ¿debe Colombia liderar la transición energética tomando medidas drásticas?
Pienso que no. Es necesario imponer sobre las potencias la carga financiera más fuerte de la transición energética, ya que ellas son las principales responsables de esta, y pensar primero en los intereses nacionales al momento de tomar decisiones. Esto pasa por reconocer la magnitud del problema y lo pequeños que somos como país al enfrentarlo. Por lo tanto, nuestro papel debe ser distinto al que se ha planteado, sin caer en idealismos que no corresponden al momento de formular políticas energéticas.
Por Miguel Gutiérrez
