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En los últimos años Latinoamérica y el mundo han sido testigos del éxodo de más de siete millones de venezolanos que han salido masivamente del país desde 2015, huyendo de la crisis del modelo extractivista petrolero que impactó sus modos de vida y que hizo casi imposibles las gestiones de la vida cotidiana en un contexto de país afectado por la hiperinflación, por el desabastecimiento y por el colapso de los servicios básicos.
¿Pero cómo un país pasó de ser un destino de la migración sur-sur a convertirse en un expulsor de migrantes? Para responder a este interrogante es necesario referirnos al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, quien además de instaurar un régimen autoritario competitivo de estirpe militar utilizó irresponsablemente la renta petrolera para financiar con dinero público sus campañas electorales, para fortalecer su liderazgo internacional, para emprender grandes proyectos de infraestructura que hoy son monumentos a la corrupción y a la desidia gubernamental.
Los segundos responsables serían su sucesor, Nicolás Maduro, y su séquito, quienes desconocieron el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, instaurando una Asamblea Constituyente paralela. Esta medida antidemocrática propició sanciones políticas y económicas de EE. UU.
Las primeras sanciones se ejecutaron durante la administración de Barack Obama, fueron políticas y recaían sobre altos funcionarios del Gobierno de Maduro, a quienes se les congelaron bienes y cuentas bancarias. Entre 2017 y 2019, bajo Donald Trump, se implementaron sanciones económicas, como confiscación de los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo oro, dólares y refinerías petroleras como CITGO. También se les prohibió a empresas estadounidenses e internacionales hacer negocios con el Estado y comprar petróleo venezolano.
Las sanciones de EE. UU. fueron un duro golpe a la maltrecha y poco eficiente economía venezolana, acostumbrada a disponer de la renta petrolera para financiar el gasto público. Por lo tanto, un tercer responsable de la crisis del extractivismo petrolero que convirtió a Venezuela en un país de migrantes forzados sería el Estado norteamericano, que aún mantiene su posición de levantar sanciones económicas a cambio de elecciones transparentes. El cuarto responsable sería la oposición venezolana, que avaló las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Trump, sin pensar por un minuto en las consecuencias que estas medidas traerían a sus connacionales.
Los otros partícipes de la crisis migratoria serían aquellos países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, que en el último lustro han sido los principales destinos de la emigración venezolana y cuyos gobiernos han tenido que formular políticas para restringir y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
En consecuencia, son varios los actores que están inmersos en la crisis migratoria que afecta a la región. De este modo, la solución a esta problemática es a largo plazo y requerirá que los actores involucrados se sienten a negociar no solo para obtener garantías de la administración Maduro para realizar elecciones transparentes, sino también para el levantamiento de las sanciones económicas que imposibilitan al Estado venezolano financiar el gasto público a través de la renta petrolera. Mientras perduren las sanciones económicas impuestas por EE. UU., el país caribeño seguirá siendo un expulsor de migrantes.
Iniciativas como el extinto Grupo de Lima o el reciente impasse diplomático entre Chile y Perú, a raíz de cientos de venezolanos varados en la frontera entre ambos países, no conducen a generar un clima propicio para el diálogo político entre las partes involucradas. Al respecto, la reciente cumbre organizada por el presidente Gustavo Petro, donde cancilleres y representante de 20 países se reunieron en Bogotá para abordar la crisis política en Venezuela, constituye un ejemplo de que con voluntad política se pueden construir espacios de diálogo que permitan resolver la crisis migratoria de manera estructural. Para que estas iniciativas continúen prosperando en el tiempo se necesita más pragmatismo y menos ideología.
* Investigador posdoctoral, Universidad Complutense de Madrid.