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En 1980 se lanzó la primera campaña de la Teletón en Colombia, bajo el lema “Es cuestión de humanidad”. La campaña sirvió para recaudar dinero y construir una clínica de rehabilitación en el norte de Bogotá. El contexto era otro.
Por: Natalia Acevedo
Para las personas con discapacidad en Colombia era casi imposible acceder al sistema de salud. En 1975, el consejo directivo del Instituto de Seguros Sociales expidió el reglamento general de enfermedades, que establecía en su artículo 26 que cuando el diagnóstico médico de la personas con discapacidad no pudiera ser curado, el Estado no estaba en la obligación de prestar tratamientos médicos. Este fue entonces el argumento que usó reiteradamente el Seguro Social para negarles servicios de salud a las personas con discapacidad en los próximos años. Prueba de esto es la jurisprudencia de la Corte Constitucional durante los 90 y los casos de menores con discapacidad a los que se les negó el tratamiento bajo el argumento de que su discapacidad no tenía pronóstico de cura.
Años más tarde, la Corte Constitucional dejó claro que las personas con discapacidad contaban con una protección constitucional especial. La lucha continuó. Principalmente las personas con recursos limitados se enfrentaron a negaciones sistemáticas por parte del sistema de salud. Para ese entonces la discapacidad era entendida como un mero diagnóstico médico: una enfermedad. En su relación con el Estado y la sociedad, las personas con discapacidad debían esperar la cura para sus diagnósticos.
Ya desde la década de los 70, un movimiento de personas con discapacidad se estaba forjando en Norteamérica. El grupo rechazó la institucionalización, la segregación y el modelo de caridad y médico de la discapacidad. Así nació un nuevo movimiento social y un nuevo modelo de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad reconoce a las personas con discapacidad como ciudadanos plenos, que no deben limitar su relación con el Estado a la beneficencia o caridad, sino al ejercicio pleno de sus derechos. Este modelo reconoce que la discapacidad es una forma de opresión social, que es generada por las barreras sociales que dificultan su inclusión plena. La discapacidad no está en los cuerpos sino en una sociedad que los ha excluido históricamente.
En 2006, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creada por y para las personas con discapacidad. La convención adopta el modelo social de la discapacidad y el derecho a la salud plena, entre otros. En 2009, Colombia ratificó la Convención y cuatro años más tarde fue plasmada en la Ley Estatutaria de Discapacidad. Cabe entonces preguntarse si en este nuevo panorama sigue habiendo campo para uno de los eventos de beneficencia más grandes de Latinoamérica. Si bien las personas con discapacidad aún enfrentan múltiples barreras para acceder al sistema de salud, ahora el contexto es otro. La invitación es entonces a exigir, tutelar y demandar su derecho a la salud. Y no a destinar donaciones, tiempo y simpatía a un evento de caridad que nada tiene que ver con los derechos, ni con el modelo social de la discapacidad.
