Honestidad y desarrollo

Recientemente, se conoció una encuesta realizada a los colombianos, en la que manifestaron que uno de los principales problemas del país es la falta de honestidad. Para alcanzar esta virtud, se requiere un cambio cultural profundo que permita que los nuevos líderes actúen con veracidad y transparencia, siendo ejemplo de responsabilidad y ética.

Parte del retraso que ha sufrido Colombia ha sido causado por la corrupción, presente desde los tiempos de Bolívar y que, con el tiempo, se ha vuelto más frecuente y menos sancionada. Un ejemplo de ello es el tristemente célebre “CVY” (“cómo voy yo”) aplicado en múltiples contratos irregulares, especialmente en grandes obras de infraestructura, como el caso de Odebrecht, cuyo juicio parece dormir en algún escritorio de la Fiscalía. Esta impunidad ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la corrupción.

Otra causa de deshonestidad proviene de la desigualdad en recursos y oportunidades entre las élites y la población en situación de pobreza. Esta situación ha impulsado a muchos a delinquir, afectando la seguridad ciudadana y facilitando la vinculación a bandas criminales. Pero la codicia por el poder y el dinero es generalizada y ha permeado las instituciones del Estado, debilitando el accionar de los entes de control e incrementando los delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, así como actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.

Estas tres causas —la falta de valores, la injusticia y la desigualdad— pueden transformarse mediante el fortalecimiento de una nueva cultura basada en valores, el mejoramiento de las condiciones de vida para toda la población y la implementación de una educación integral.

Durante la primera infancia, antes del ingreso al colegio, los padres son los principales comunicadores de principios y valores como la honestidad, el respeto y el servicio. También deben enseñar los derechos y deberes, claramente definidos por los límites. Estas enseñanzas deben ser coherentes con el comportamiento de los padres para lograr una sana relación familiar. Por ello, las familias necesitan recibir orientación.

En la educación básica primaria, es fundamental incluir en todos los grados la cátedra de moral y desarrollar actividades que fomenten el respeto y la colaboración mutua, alejando a los estudiantes del acoso escolar (bullying).

En la educación básica secundaria, se debe reforzar la enseñanza de la ética para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones acertadas en el futuro. También es crucial enseñar historia, para no repetir errores del pasado, y promover el conocimiento de la realidad nacional, sus recursos y necesidades. Como futuros electores, los estudiantes deberían recibir formación en economía, con nociones básicas sobre inflación, empleo, PIB, balanza de pagos y deuda pública. Esto les permitiría evaluar con criterio los resultados de los gobiernos. Además, deberían conocer los delitos electorales para no ser cómplices de ellos y ejercer su derecho al voto con responsabilidad.

Para transformar las condiciones de vida de la población, se necesita una educación orientada a la innovación y al uso de nuevas tecnologías. Esto capacitará a los jóvenes para su vida laboral y su servicio a la comunidad, proceso que debe iniciarse desde la primera infancia:

a) Primera infancia (2 a 5 años): Aprender jugando.

Con la supervisión de los padres, los niños adquieren habilidades jugando. En esta etapa se despiertan sus sentidos mediante la música, la estimulación temprana, la lectura de cuentos y el acercamiento lúdico a los números, favoreciendo el gusto por las matemáticas.

b) Educación primaria: Aprender cuestionando.

Los niños deben poder expresar sus inquietudes, recibir retroalimentación adecuada y aprender a respetar las opiniones ajenas. En esta etapa también se introducen los primeros pasos hacia la tecnología.

c) Educación secundaria: Aprender haciendo.

Se debe continuar con el conocimiento de sistemas e innovación en laboratorios. Con apoyo del SENA, los jóvenes pueden cursar carreras técnicas que les sirvan como herramienta laboral o base para su formación profesional futura.

d) Educación superior: Aprender sirviendo.

En la universidad, los estudiantes pueden convertirse en recursos humanos clave para la investigación regional, el diseño y evaluación de proyectos, la creación de emprendimientos y el desarrollo estratégico de regiones olvidadas. A través de los consultorios universitarios, podrían brindar servicios a pymes, no solo en temas legales, sino también en mercadeo, asesoría financiera y análisis de productos, ayudándolas a mejorar su eficiencia y productividad.

Además, los universitarios podrían participar en la gestión del 39,5 % del presupuesto nacional recientemente aprobado para las regiones, elaborando proyectos que justifiquen la asignación de recursos según las prioridades gubernamentales.

La evaluación regional de proyectos podría facilitar a Planeación Nacional el diseño del Plan de Desarrollo y al Ministerio de Hacienda la estimación del Presupuesto Nacional. Esto también permitiría planificar la formación de talento humano necesario a corto y mediano plazo, racionalizando gastos administrativos y fortaleciendo la planeación educativa.

Una estructura de planificación como esta permitiría al Gobierno programar desembolsos conforme a los cronogramas de ejecución de proyectos. Definiendo claramente la participación de ministerios, gobernaciones y municipios, se podrían calcular los costos administrativos y establecer un plan estricto de supervisión y control que elimine márgenes para la corrupción. El control debería comenzar desde las licitaciones, pasando por la selección de contratistas y el monitoreo de avances versus desembolsos, para evitar obras inconclusas o inexistentes.

Por todo esto, es fundamental una mayor integración entre el Gobierno y la academia como motor del desarrollo nacional y regional, y como oportunidad para abrirles las puertas del mundo laboral a los estudiantes.

Finalmente, no puede olvidarse la responsabilidad de los ciudadanos al elegir líderes políticos para el Congreso y la Presidencia. Es crucial evaluar sus ideas, su desempeño anterior y su vida personal, que debe reflejar honestidad y transparencia. No deben haber participado en actividades ilegales, tener vínculos con mafias o narcotráfico, ni haber sido imputados por corrupción. También es importante conocer quién financia sus campañas.

Además de tener líderes honestos que trabajen por el bienestar común, necesitamos políticas públicas y una reforma profunda a la justicia, que permitan avanzar hacia un cambio cultural real en la sociedad y hacer de Colombia una nación verdaderamente libre y justa.