Etimológicamente, como término proveniente del griego antiguo, la democracia es el poder o el gobierno del pueblo. Qué ironía. Nada más alejado de la realidad que hoy conocemos y ejercemos en el mundo, pero particularmente en Colombia.
En nuestro país el poder del pueblo aparece tal vez como un eslogan o una frase publicitaria que ha sido utilizada hábilmente por quienes dominan la teoría de lo que significa para hacerse al poder político, y que nos la enseñan como una bandera partidista de la cual tenemos que estar orgullosos, puesto que como ciudadanos electores tenemos en nuestras manos tan magna capacidad.
El poder del pueblo, en esencia, debería ser el ejercicio directo, participativo, deliberativo y sin intermediarios de su derecho a asociarse, gobernarse y decidir sobre su presente y su futuro como comunidad organizada.
Es precisamente la intermediación de dicho poder ciudadano la que ha causado la debacle política a la cual los colombianos parecemos estar resignados a sufrir, y de la cual inclusive somos cómplices cuando no sabemos elegir o elegimos por conveniencias o intereses igualmente egoístas y particulares. La intermediación hace referencia a aquellos famosos representantes de nuestro poder ciudadano, que, por cierto, no representan a nadie, o mejor dicho sí: sólo se representan a ellos mismos y sus oscuros intereses ambiciosos personalistas.
En el caso de nuestros municipios en Colombia, dicha representación la ejercen los concejos municipales, que son en su mayoría personas que no tienen ni las capacidades ni las cualidades para cumplir con tan importantes funciones constitucionales y legales, que, por cierto, ni ellos mismos conocen.
Es lamentable, por ejemplo, comprobar que para aspirar a un puesto de trabajo en nuestro país, por humilde que sea, se nos exigen mínimo unos estudios básicos y una capacitación acorde con la labor a desempeñar, y qué decir de cualquier otro puesto que tenga responsabilidades de manejo de recursos o de personal. En el ámbito público o privado, los requisitos son enormes. Pero, inexplicablemente, para representar a todo un pueblo y para tomar las grandes decisiones de su futuro no se requiere prácticamente nada; así lo consagran nuestra Constitución Política (art. 40) y la ley que lo reglamenta (136 de 1994, art. 42): “Todo ciudadano tiene derecho…”, “Para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio…”.
A pesar de las loables intenciones del constituyente, de palmo se comprueban las terribles consecuencias. No sólo la intermediación del poder del pueblo es ya una perversión de la democracia, sino que además los intermediarios que la ejercen no saben siquiera lo que representan.
La solución no es otra sino un ciudadano educado, consciente, informado y crítico a la hora de decidir su propio destino, para no tener que decir, como dijo un día nuestro glorioso Libertador, “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.
