En una entrevista al comienzo de la pandemia, la alcaldesa de Bogotá mencionaba cómo, a pesar de no estar entre sus funciones, había entregado 120.000 mercados y realizado 262.000 transferencias. “El problema ya no son los mercados, porque hay, el lío es ir a entregarlos. Y en cuanto a los giros, el problema no es la plata, es que hay unas personas bancarizadas y otras no, hay que ir a buscarlas manzana por manzana”. Aunque este esfuerzo pudo suponer una pausa en la implementación del plan de gobierno de Bogotá, si no se entregaban las ayudas, la población más vulnerable se moría de hambre.
¿Pero cómo vivían estas familias antes de la pandemia? Digamos que un poquito menos peor. Si algo bueno ha traído el COVID-19 es la oportunidad de repensar el sistema de protección social. Y es que si en la capital de un país de ingreso mediano y miembro de la OCDE hay miles de familias pasando hambre tras unas semanas de cuarentena, algo no está funcionando bien.
Ha quedado claro que el exiguo apoyo que reciben las familias más vulnerables a través de programas como Familias en Acción no hace una diferencia significativa y de ninguna manera les abre la posibilidad de movilidad social. Estas ayudas condicionadas, además de correr el riesgo de ser politizadas, suponen una onerosa carga administrativa para el Estado. Para la entrega del incentivo, el Gobierno verifica los compromisos adquiridos por cada familia seis veces por año, consultando con colegios, IPS y registradurías. Ni hablar del costo de implementación de la devolución del IVA, en el cual están involucradas al menos cuatro entidades a nivel nacional. Definitivamente, como dijo Castillo Peraza, “la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil”.
Ante este panorama, propongo que retomemos la idea del ingreso básico universal (IBU). El IBU, en su sentido más amplio, buscaría garantizar a toda la población un ingreso mínimo independientemente de sus condiciones. En un sentido más restringido, solo se aplicaría a los más vulnerables. Más que reducir la inequidad —que no es del todo negativa—, el IBU busca generar condiciones mínimas de supervivencia para todos, garantizadas por el Estado. En contraste con los onerosos programas sociales actuales, el IBU supondría un único pago mensual sin mayores condiciones ni supervisión por parte del Gobierno.
Además de garantizar una vida digna para los más vulnerables —que ya de por sí es razón suficiente—, el IBU tiene otras implicaciones positivas. Las personas podrían negociar mejores condiciones laborales y los trabajos más duros serían mejor remunerados. La crítica más común al IBU es la misma que se ha hecho por décadas al Estado de bienestar: si la gente recibe dinero del Estado, ¿qué motivación tiene para estudiar y trabajar? Bueno, el mundo ha cambiado. Para quienes tienen cubiertas sus necesidades básicas, el ingreso pasa a un segundo plano. La fuerza laboral del futuro busca un espacio donde pueda ejercer sus pasiones e innovar. Pero, sobre todo, busca la posibilidad de impactar positivamente la vida de los otros y su entorno.
Los avances en tecnología, ciencia de datos e inteligencia artificial van a conllevar la automatización de muchos empleos en el futuro y el IBU aseguraría la supervivencia digna de los futuros desempleados. No nos asustemos, la evolución de la tecnología puede llevar a un incremento en la calidad de vida de todos, pero eso solo será posible si el IBU deja de ser una utopía y se vuelve realidad. Finalmente, el IBU ayudaría a estabilizar la economía durante periodos de recesión, garantizando una capacidad mínima de consumo. ¿Les suena familiar?
Por Luisa Fernanda Guzmán
