RESULTA POCO VISIONARIO PENSAR que a quienes defendemos el agua y los páramos del país sólo nos importa el agua de Bucaramanga, como afirmó, recientemente, un columnista en este diario.
Del agua de Santurbán se benefician más de 20 municipios del Gran Santander, y éste marcará la pauta de lo que sucederá con los demás 35 páramos del país, por lo cual lo que está aquí en juego es el agua que consumimos el 70% de los colombianos, producida por estos ecosistemas vitales.
Sin ser antimineros, existen ecosistemas estratégicos y vitales como los páramos, nuestras “fábricas de agua”, que, junto con sus ecosistemas complementarios —como las cuencas y microcuencas hidrográficas—, no deben ser intervenidos por ningún tipo de minería. No se puede creer en los sofismas del desarrollo sostenible y la minería responsable, interviniendo los vulnerables ecosistemas de páramos, menos ante la realidad global del cambio climático.
Con la “delimitación” de Santurbán realizada por el Gobierno se configura, quizá, el más grande engaño en la historia ambiental del país, puesto que los páramos ya están delimitados —cosa distinta es que se requiera mayor precisión cartográfica, sin reducir su extensión—, y para justificarla se acuda a “estudios” económicos y sociales con el fin de legalizar la minería en ellos. Nefastos antecedentes evidenciaron la pretensión del Gobierno, y la permanencia de las mineras tras la “delimitación” nos da la razón. Con anterioridad afirmé: “Los colombianos debemos estar alertas pues, posiblemente, el Gobierno pretenderá obsequiarnos, en época decembrina, la ‘delimitación’ de Santurbán, y en la práctica sea una dádiva a las mineras. La permanencia de éstas tras la ‘delimitación’ confirmará ello”. (El Frente, “No más engaños a los colombianos con Santurbán”). Asimismo lo plasmó Gova en una caricatura en El Espectador: Juanma, mi regalo a las multinacionales: Santurbán, y en papel regalo navideño, color “verde ecológico”.
El panorama es desolador: el Estado colombiano infringe el principio de precaución (Ley 99/1993). Acaba de servir un festín a las mineras: la “delimitación” de Santurbán, avalando su permanencia, argumentando derechos adquiridos, y ahora, al despuntar el nuevo año, con la entrada en vigencia del decreto 2041, con la reducción de los tiempos en la expedición de licencias ambientales, se dará la bienvenida a la “feria de licencias ambientales”, y, por contera, se resta el poder a las comunidades, pues simplemente se les informará sobre el alcance de los proyectos.
El Gobierno, en lugar de defender el agua de las futuras generaciones de colombianos, parece más interesado en defender los derechos adquiridos de las mineras. El Gobierno, bajo la premisa fundamental de proteger el agua a futuro, tiene el deber legal y moral de revocar las licencias ambientales ya concedidas (y, si es pertinente, investigar a quienes las concedieron) y negar las nuevas solicitudes a los proyectos que pretendan intervenir dichos ecosistemas. Ni el oro ni los proyectos mineros en páramos y sus ecosistemas complementarios tendrán jamás la licencia social. Podrán intentar lograr, con la complacencia del Gobierno, la legalidad, pero jamás la legitimidad que otorga el pueblo colombiano. Preocupa escuchar del Gobierno que la “delimitación” de Santurbán es el ejemplo a seguir en los demás páramos, y a Santos que ésta fue “razonable y equilibrada”.
“Delimitar” los páramos con la permanencia de las mineras terminará, muy posiblemente, limitando el agua de las futuras generaciones de colombianos. ¿Es esto razonable y equilibrado?
¿Será que el Gobierno, por ver el “árbol” de los derechos adquiridos de las mineras, no ve el bosque en plenitud que representa el agua de todos los colombianos?
RESULTA POCO VISIONARIO PENSAR que a quienes defendemos el agua y los páramos del país sólo nos importa el agua de Bucaramanga, como afirmó, recientemente, un columnista en este diario.
Del agua de Santurbán se benefician más de 20 municipios del Gran Santander, y éste marcará la pauta de lo que sucederá con los demás 35 páramos del país, por lo cual lo que está aquí en juego es el agua que consumimos el 70% de los colombianos, producida por estos ecosistemas vitales.
Sin ser antimineros, existen ecosistemas estratégicos y vitales como los páramos, nuestras “fábricas de agua”, que, junto con sus ecosistemas complementarios —como las cuencas y microcuencas hidrográficas—, no deben ser intervenidos por ningún tipo de minería. No se puede creer en los sofismas del desarrollo sostenible y la minería responsable, interviniendo los vulnerables ecosistemas de páramos, menos ante la realidad global del cambio climático.
Con la “delimitación” de Santurbán realizada por el Gobierno se configura, quizá, el más grande engaño en la historia ambiental del país, puesto que los páramos ya están delimitados —cosa distinta es que se requiera mayor precisión cartográfica, sin reducir su extensión—, y para justificarla se acuda a “estudios” económicos y sociales con el fin de legalizar la minería en ellos. Nefastos antecedentes evidenciaron la pretensión del Gobierno, y la permanencia de las mineras tras la “delimitación” nos da la razón. Con anterioridad afirmé: “Los colombianos debemos estar alertas pues, posiblemente, el Gobierno pretenderá obsequiarnos, en época decembrina, la ‘delimitación’ de Santurbán, y en la práctica sea una dádiva a las mineras. La permanencia de éstas tras la ‘delimitación’ confirmará ello”. (El Frente, “No más engaños a los colombianos con Santurbán”). Asimismo lo plasmó Gova en una caricatura en El Espectador: Juanma, mi regalo a las multinacionales: Santurbán, y en papel regalo navideño, color “verde ecológico”.
El panorama es desolador: el Estado colombiano infringe el principio de precaución (Ley 99/1993). Acaba de servir un festín a las mineras: la “delimitación” de Santurbán, avalando su permanencia, argumentando derechos adquiridos, y ahora, al despuntar el nuevo año, con la entrada en vigencia del decreto 2041, con la reducción de los tiempos en la expedición de licencias ambientales, se dará la bienvenida a la “feria de licencias ambientales”, y, por contera, se resta el poder a las comunidades, pues simplemente se les informará sobre el alcance de los proyectos.
El Gobierno, en lugar de defender el agua de las futuras generaciones de colombianos, parece más interesado en defender los derechos adquiridos de las mineras. El Gobierno, bajo la premisa fundamental de proteger el agua a futuro, tiene el deber legal y moral de revocar las licencias ambientales ya concedidas (y, si es pertinente, investigar a quienes las concedieron) y negar las nuevas solicitudes a los proyectos que pretendan intervenir dichos ecosistemas. Ni el oro ni los proyectos mineros en páramos y sus ecosistemas complementarios tendrán jamás la licencia social. Podrán intentar lograr, con la complacencia del Gobierno, la legalidad, pero jamás la legitimidad que otorga el pueblo colombiano. Preocupa escuchar del Gobierno que la “delimitación” de Santurbán es el ejemplo a seguir en los demás páramos, y a Santos que ésta fue “razonable y equilibrada”.
“Delimitar” los páramos con la permanencia de las mineras terminará, muy posiblemente, limitando el agua de las futuras generaciones de colombianos. ¿Es esto razonable y equilibrado?
¿Será que el Gobierno, por ver el “árbol” de los derechos adquiridos de las mineras, no ve el bosque en plenitud que representa el agua de todos los colombianos?