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La focalización de subsidios no es un instrumento efectivo en Colombia

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Columna del lector: Andrea Madero Valle
12 de octubre de 2020 - 03:00 a. m.
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Los programas subsidiados han sido centro de atención en muchas políticas públicas desde su existencia. El sistema de focalización ha generado un servicio altamente deficitario padecido por el Sisbén y la estratificación socioeconómica, donde se excluyen algunos indicadores relevantes como el nivel de ingresos de las personas.

Uno de los discursos que instaló el gobierno Samper fue la idea de la focalización de los subsidios, un gasto social orientado a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable. Todo este concepto cambia cuando vemos las cifras reveladoras que nos indica el Sisbén, cuyo número de inscritos llega a 36,7 millones (75 % de la población), sin embargo, aquellos en pobreza monetaria tan solo son 13,3 millones (28 % de la población) y aquellos en pobreza extrema (con recursos solo para alimentarse) son cuatro millones (8,5 % de la población).

Uno de los criterios principales para la estratificación socioeconómica son las características de la vivienda y su entorno urbano-rural. Esta clasificación permite tener una referencia para el cobro de los servicios públicos domiciliarios, asignándoles subsidios a los estratos 1-3 y cobrando sobrecostos a los estratos 5-6. El principal problema de este instrumento de focalización es que, en su estudio, no tiene en cuenta los ingresos económicos de cada hogar y, por lo tanto, solo se basa en la zona geográfica en donde se encuentra un hogar y su fachada.

Según el DNP y el DANE, los cálculos indican que el 72 % de los colombianos habitan en los estratos 1, 2 y 3, recibiendo un subsidio en los pagos de los servicios públicos domiciliarios del 50, 40 y 15 % respectivamente. Es decir, la población que recibe subsidios en el pago de los servicios públicos domiciliarios es de, aproximadamente, 35 millones, cifra inferior a los 36,7 millones de afiliados al Sisbén.

Existen entonces, varias incongruencias entre el número de beneficiarios de los programas sociales versus la población beneficiada por la asignación de estratificación socioeconómica. Sin embargo, esta distorsión se acentúa aún más cuando vemos que el DNP ha encontrado que muchas personas inscritas en los programas sociales se han vuelto permanentes, a pesar de que son participantes activos en el mercado laboral y reciben un ingreso por encima de la línea de pobreza.

Es evidente que a Colombia le urge mejorar la focalización de subsidios, sobre todo, en la coyuntura que vive el país, donde el Gobierno ha entregado una gran cantidad de ayudas a los beneficiarios de los programas sociales. Por eso, para optimizar la forma en que se establecen los criterios de subsidios, primero, se deben tener en cuenta los ingresos de las personas cuando cotizan en salud y pensión. Un punto débil de esto es que muchas personas no cotizan porque son trabajadores informales. La segunda forma es centralizar las afiliaciones a los programas sociales, para evitar medidas con intereses políticos, y la última es el principio de buena fe, un concepto difícil de aplicar en un país que se enorgullece de su ingenio para conseguir las cosas y en el que se profesa el famoso refrán: “El vivo vive del bobo”.

Por Andrea Madero Valle

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MARTHA(81926)18 de octubre de 2020 - 12:55 a. m.
Excelente columna. Interpreta bien el problema de los subsidios. Bien sustentada con cifras y datos. Conclusión: para los subsidios hay que centrarse en los ingresos, no en la fachada de la casa.
Octavio(58841)12 de octubre de 2020 - 11:50 a. m.
Interesante análisis, pero no profundiza en aspectos relevantes que hacen a nuestra sociedad inequitativa e injusta cuando el 70% de su población sobrevive del empleo informal, y cuando DNP y el DANE consideran a alguien por fuera de la línea de pobreza si obtiene un ingreso superior a $260 mil pesos mes cuando al mismo tiempo una canasta familiar tiene un costo superior a $1.4 millones mes
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