Después de la posesión del presidente de la República que invocó a “Cristo Rey” y ha hecho de la “contrarrevolución cultural” su bandera, llama la atención que la izquierda, lejos de reivindicar la neutralidad del Estado, también montó un “espacio ecuménico” para cortejar a musulmanes, católicos y evangélicos cinco días antes de las legislativas. Hoy, en la calle, cientos de manifestantes propalestinos gritan “el genocidio continúa” frente a una embajada de Israel que el nuevo gobierno acaba de reabrir en Jerusalén.
La escena es el sainete de una sociedad que ha dejado de creer en el laicismo como principio articulador y lo ha convertido en un campo de batalla identitario, en cuyo teatro, como siempre, los más vulnerables son los que pierden.
La izquierda puede tener razón en que la islamofobia existe y es grave porque el Ministerio del Interior documentó con corte a 2025, más de 30 denuncias por actos de discriminación contra personas de fe musulmana, incluidas agresiones físicas en Medellín, Bogotá y Pereira, y grafitis ofensivos en dos mezquitas de la capital. Además, en mayo de 2026, cuando era candidato presidencial, el hoy presidente Abelardo de la Espriella afirmó en Caracol Radio que el islam representa una “amenaza para la humanidad”, lo que motivó una denuncia penal radicada por la comunidad musulmana ante la Fiscalía.
Al respecto, la respuesta de la izquierda no puede ser la complacencia identitaria porque no se protege a los musulmanes colombianos tratándolos como un bloque homogéneo definido por su fe. Se los protege garantizando que puedan ejercer su culto libremente y, al mismo tiempo, que ningún líder comunitario –islámico, cristiano o de cualquier otra confesión– pueda arrogarse el derecho de hablar en su nombre o de limitar sus libertades individuales. Cuando la izquierda convoca a “los musulmanes” como categoría política, no los está defendiendo, los está capturando. Y al hacerlo, fortalece a los sectores más conservadores dentro de esa misma comunidad, que son los que reclaman para sí la representación exclusiva de la fe.
El caso de Najat El Hachmi es aleccionador; la escritora marroquí, formada en el laicismo, denuncia que una parte de la izquierda europea, en su afán por proteger a las minorías, terminó blanqueando el islamismo político, al sostener que “el llamado feminismo islámico no es feminismo, sino islamismo blanqueado con un lenguaje feminista". Su diagnóstico es incómodo porque cuando la izquierda sustituye la crítica racional por la validación de las identidades, deja de defender a los individuos concretos –especialmente a las mujeres– y pasa a proteger a las comunidades que los oprimen.
En Colombia, la lógica de este riesgo es la misma, en tanto la comunidad musulmana es pequeña –no supera las 100.000 personas–, pero existe, y su existencia plantea un desafío, que es cómo garantizar la libertad de culto sin renunciar a la igualdad de todos ante la ley. La respuesta laica es sencilla en teoría y difícil en la práctica; que el Estado no adopta ninguna religión, no financia ningún credo, y no delega en ninguna autoridad religiosa la regulación de la vida civil. Por eso la fe es un asunto privado que se puede cultivar en la colectividad; pero la ley es un asunto público que obliga a todos por igual, aunque a veces no parezca y, para la muestra, una Francia en disputa.
*Sebastián Galvis Arcila es candidato a doctor de la Universidad Católica de Manizales. Profesor Uniminuto. Orientador Escolar Liceo León de Greiff.