En el marco del debate que ha generado en la opinión pública el punto cinco del Acuerdo Final, sobre la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), vale la pena analizar ciertos aspectos relacionados con la noción que los colombianos tenemos de la justicia y de cómo esta noción debe ser un punto de reflexión si pretendemos vivir en una sociedad en paz.
Las sanciones por la comisión de delitos en el sistema penal colombiano tienen dos fines, a saber: el primero es la retribución, que consiste en imponer al delincuente una justa compensación por el mal causado, la pena como venganza social materializada con la privación de la libertad, dejando de lado a la víctima y sin atender ni siquiera de manera tangencial las causas y consecuencias del conflicto social del que germinó la comisión del delito. El segundo fin de la pena es la resocialización del individuo, de tal forma que una vez cumplida la pena, el sujeto pueda reincorporarse a la sociedad con la garantía de que no volverá a cometer delitos.
Con esta información resulta fácil concluir que las penas establecidas en el sistema penal colombiano no están ni cerca de cumplir con los fines que le fueron propuestos. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGP), Colombia es el tercer país con mayor impunidad en el mundo, lo que demuestra que el mensaje persuasivo de la privación de la libertad no es suficiente para evitar, o al menos disminuir, los elevados índices de criminalidad. Del segundo fin, es decir, la resocialización, no es necesario profundizar mucho, me basta con mencionar que actualmente las cárceles del país tienen un porcentaje de hacinamiento mayor al 53 %, siendo esta una de las crisis humanitarias más sórdidas del país.
En este contexto es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Está el Estado colombiano en la capacidad institucional de capturar, investigar, procesar y condenar a los más de 17.000 miembros de las Farc? Supongamos que la respuesta fuera positiva, ¿tiene el Estado la capacidad carcelaria para recluir y garantizar salud, alimentación y procesos de resocialización a este significativo número de personas? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero le costaría esto al país? Las respuestas a estas preguntas resultan de bulto tras más de 50 años de conflicto y varios cientos de billones de pesos invertidos en la guerra (Colombia invierte el 3,4 % del PIB en gasto militar).
Debemos ser conscientes de la realidad social e institucional de nuestro país, apartémonos por un momento de la idea utópica de la justicia retributiva en la que todo delincuente debe pagar con cárcel el mal causado y demos un vistazo a la noción de justicia restaurativa con la cual todas las partes que tienen interés en un conflicto se unen para resolverlo colectivamente. Asumamos las consecuencias de la existencia de una confrontación armada prolongada por más de media década, entendiendo que conocer la verdad de la voz de un actor que nunca antes ha sido oído, obtener la reparación a través de trabajos de desminado o sustitución de cultivos ilícitos y tener la garantía de la no repetición de la comisión de delitos atroces por parte de este grupo armado, son razones mucho más convenientes para el bienestar del país que la imposición masiva de penas privativas de la libertad que en nada contribuyen a la superación de las problemáticas sociales que nos han condenado por años a vivir en guerra.
