Por Daniel E. Henao
¿Por qué están migrando miles de centroamericanos hacia los Estados Unidos? Sus gobiernos dicen que lo hacen manipulados por personas inescrupulosas que les prometen trabajo, pero que realmente pretenden usar su sufrimiento para sacar provecho político de este “fabricado éxodo”. Y aunque podría no faltarle razón a dicha versión oficial —no sería esta la primera vez que oportunistas manipularan el sufrimiento de otros para beneficiarse—, las razones de la mayoría de los que marchan son diferentes.
Migran porque dicen sentirse abandonados. Sus estados no les han ofrecido educación, ni salud, ni seguridad. Sus mercados no les han ofrecido empleo, ni oportunidades de inversión. Sus sociedades los han rechazado por ser indígenas, por ser negros, por ser mujeres. Migran —como efecto final de la sumatoria de estos múltiples abandonos— luego de haber sido víctimas de la violencia cotidiana que ejercen los grupos criminales organizados. El estado precario de los indicadores sociales de sus países: las altas tasas de analfabetismo, de mortalidad materna e infantil, de homicidio, de desempleo, de impunidad: son evidencias que respaldan la versión de
los migrantes y no la de sus
gobiernos.
Y entonces, ¿por qué Honduras, El Salvador y Guatemala han fracasado en proteger la vida y la dignidad de sus ciudadanos? Pues porque —según muestra la historia reciente— sus élites han puesto las instituciones “democráticas” al servicio exclusivo de sus intereses.
En Honduras: la exprimera dama se encuentra investigada y su hijo sentenciado por la justicia: la primera, por haber trasladado cientos de miles de dólares de las arcas públicas a su cuenta personal; el segundo, por haber abusado de su acceso privilegiado al poder para enviar droga a los Estados Unidos.
El expresidente Porfirio Lobo Sosa —esposo y padre— empezó su mandato en el 2010 luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya y lo terminó en el 2014, año en el que cedió el poder a su copartidario Juan Orlando Hernández, quien consiguió su reelección en 2017 en una jornada electoral cuyo resultado la misión electoral de la OEA declaró poco transparente y muy viciado.
En El Salvador: la voracidad de las élites no distingue ideología. El muy derechista expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) se encuentra pagando una condena de diez años de prisión por haber desviado cerca de US$300 millones del erario a sus cuentas personales. Y el muy izquierdista expresidente Mauricio Funes (2009-2014), que fue elegido por el FMNL, una exguerrilla convertida en un grupo político luego de un acuerdo de paz, tiene orden de captura por el delito de enriquecimiento ilícito.
En Guatemala: el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), su exvicepresidenta y cuatro exministros están investigados por haber recibido coimas de US$38 millones a cambio de adjudicar fraudulentamente millonarios contratos estatales. Y el actual presidente, Jimmy Morales, está empecinado en expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU y responsable de las investigaciones que tienen respondiendo a su hijo y a su hermano por el delito de fraude al tesoro público.
Y mientras las élites se ocupan de saquear toda su riqueza, miles de centroamericanos huyen de la miseria hacia un país cuyo presidente los ha calificado de indeseables y presuntos criminales. Pero sin importar que sean expulsados de aquí e indeseados allá, los migrantes están decididos a continuar su marcha con la esperanza de que algún día, alguien, en algún lugar, les acompañe la soledad en la que han tenido que mal vivir hasta el día de hoy.
