Las protestas sociales son por naturaleza insubordinación a las reglas

Por Leila Delgado

Las declaraciones del ministro de Defensa designado son una bomba en materia social. “Regular la protesta social”, cuando lo que debe regularse y meterse en cintura son las reacciones de la fuerza pública –ordenadas o cohonestadas por las autoridades civiles que tienen la competencia–. Cuando a las movilizaciones pacíficas los medios masivos de comunicación las invisibilizan y solo son noticia cuando hay algún muerto o bloqueos, casi siempre orquestados por infiltrados o de personas de la contraparte que se sienten afectados por la protesta, generando caos en ella que justifique la represión y la retención de los dirigentes, quienes generalmente se oponen a  vandalismos. Lo que sí debe regularse es el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre derechos humanos. Tratar los bloqueos de calles que afectan la movilidad del resto de la ciudadanía como infracciones que no tienen por qué reprimirse con atropellos, detenciones y menos terminar con señalamientos, matoneo y fichaje en  bases de datos de los organismos de inteligencia –que la verdad no sé si tienen fecha de caducidad como sí la tienen los informes del manejo financiero del moroso–. Llega a mi mente la forma como el saliente presidente Santos minimizara los grandes paros de los diversos sectores agrarios de grandes, médianos y pequeños agricultores con su famoso: “El tal paro no existe”. 

El saliente representante de Fenalco y designado ministro de Defensa del entrante gobierno dijo que “respetamos la protesta social, pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo”. Será que el señor Botero tiene raíces trotskistas, su frase huele a huelga general y revolución permanente. Vaya, vaya. La reacción a estas declaraciones proveniente de sectores nacionales, especialmente aquellos cercanos a los movimientos sociales que están amenazados por la ola de violencia pos-Acuerdo de Paz, es totalmente justificada. No pueden concebir que se les niegue la oportunidad a los marginados para hacerse escuchar por las autoridades de sus reclamos. Las minorías, es lo natural, son las que más necesitan del derecho a la protesta como vía para defender sus derechos.

Entendidos dicen que el Código de Policía tiene una reglamentación al respecto. La Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Congreso para expedir nueva reglamentación y se están venciendo. Las formas importan, el señor Botero habló, y reafirmo con él, de la necesidad de “muchos diálogos ciudadanos preventivos” –deberían incluir la concertación para los problemas planteados por el sector afectado, llegada a acuerdos con actas incluidas y sobre todo cumplirlos oportuna y adecuadamente–. Que no pase como con los maestros. Las jornadas de protestas en el gobierno de Santos han obedecido al incumplimiento de acuerdos firmados, especialmente en la última reelección, cuando estos acuerdos pretendían el cumplimiento de sus promesas engañosas, las cuales creyeron Fecode, sus directivos y la mayoría de maestros, tanto que no solo votaron por él, sino que hicieron campaña pública, como pocas veces había sucedido.