Problemas de la circunscripción nacional

Superadas las elecciones legislativas, parece adecuado discutir sobre la utilidad de la circunscripción nacional del Senado, una figura que, a pesar de ser consecuente con antecedentes que motivaron la Asamblea Nacional Constituyente, aporta problemas de diseño institucional que dificultan la efectiva representación política del Congreso. Mientras la circunscripción territorial somete el voto por aquellos candidatos con circunscripción en un territorio particular, la nacional permite votar por un candidato en cualquier parte del territorio nacional. En Colombia, el Senado tiene circunscripción nacional y la Cámara de Representantes tiene circunscripción territorial.

La actual Constitución modificó la circunscripción territorial del Congreso basándose en una experiencia de poca participación y competencia política, un control excesivo de los partidos tradicionales en ciertas regiones, y con el objetivo, a su vez, de que las corporaciones parlamentarias asumieran labores especializadas. Sin embargo, el diseño institucional contenido en el artículo 171 de la Constitución, con todo y sus buenas intenciones, no dio en la práctica los resultados que pretendía, en buena medida porque no logró equilibrar la proporcionalidad en la distribución del voto nacional. Además, abrió paso a la posibilidad de adquirir curules con los votos residuales de las listas, pues no había umbral que regulara la aplicación de la cifra repartidora.

Varias reformas buscaron subsanar estas dificultades. Por ejemplo, se incrementó en un punto porcentual (de 2 a 3 %) el umbral de votación para que se aplicara la cifra repartidora solo a aquellas listas con una votación representativa y se implementaron reformas tendientes a robustecer los partidos a través de exigencias en materia ideológica y profesional. A pesar de eso, la realidad continúa siendo que la mayoría de los senadores se eligen desplegando estrategias electorales de concentración territorial en una circunscripción cuya intención es la representación nacional. A esto se suma que al desdibujar los límites territoriales se dificulta hacer seguimiento y rendición de cuentas de manera efectiva.

El problema más grave se manifiesta en que las prácticas de concentración electoral llevan a que muchos territorios —departamentos enteros— no tengan ningún representante en el Senado; en elecciones legislativas recientes se registran casos en que 11 departamentos no tienen un solo representante electo. Con eso, el diseño de la circunscripción nacional excluye de su corporación más poderosa los intereses de muchos territorios que no poseen el caudal electoral necesario para ser elegidos.

Quienes defienden este modelo destacan que la circunscripción nacional posibilita la representación de fuerzas políticas minoritarias, logrando elecciones que de lo contrario serían imposibles en circunscripciones territoriales. Esto es en parte cierto, pero, tal como se ha propuesto en el pasado, en caso de pasar a un sistema de elección mixto para Senado, que combine la circunscripción nacional con la territorial, no solo se lograrían elecciones “improbables”, sino también tendrían representación en el Senado aquellos departamentos con baja población, a saber, inferior a los 500.000 habitantes. Otros, en cambio, respaldan las bondades de la circunscripción nacional porque consideran de suma importancia que ciertos representantes concentren los intereses nacionales en alguna de las corporaciones parlamentarias, con una argumentación que francamente genera más preguntas que respuestas.

El cambio a un modelo mixto implica una reforma de naturaleza constitucional y requeriría, entre otras cosas, la aprobación del Senado. Tal vez sea la alteración a las dinámicas de poder en el Congreso la razón por la cual el legislador ha sido renuente a solucionar un problema de diseño institucional que a todas luces parece evidente. Un sistema de elección mixto para Senado puede ser factible para darles voz y voto a departamentos que históricamente han sido excluidos de esta corporación, que presume de ser el núcleo de la representación democrática.

Superadas las elecciones legislativas, parece adecuado discutir sobre la utilidad de la circunscripción nacional del Senado, una figura que, a pesar de ser consecuente con antecedentes que motivaron la Asamblea Nacional Constituyente, aporta problemas de diseño institucional que dificultan la efectiva representación política del Congreso. Mientras la circunscripción territorial somete el voto por aquellos candidatos con circunscripción en un territorio particular, la nacional permite votar por un candidato en cualquier parte del territorio nacional. En Colombia, el Senado tiene circunscripción nacional y la Cámara de Representantes tiene circunscripción territorial.

La actual Constitución modificó la circunscripción territorial del Congreso basándose en una experiencia de poca participación y competencia política, un control excesivo de los partidos tradicionales en ciertas regiones, y con el objetivo, a su vez, de que las corporaciones parlamentarias asumieran labores especializadas. Sin embargo, el diseño institucional contenido en el artículo 171 de la Constitución, con todo y sus buenas intenciones, no dio en la práctica los resultados que pretendía, en buena medida porque no logró equilibrar la proporcionalidad en la distribución del voto nacional. Además, abrió paso a la posibilidad de adquirir curules con los votos residuales de las listas, pues no había umbral que regulara la aplicación de la cifra repartidora.

Varias reformas buscaron subsanar estas dificultades. Por ejemplo, se incrementó en un punto porcentual (de 2 a 3 %) el umbral de votación para que se aplicara la cifra repartidora solo a aquellas listas con una votación representativa y se implementaron reformas tendientes a robustecer los partidos a través de exigencias en materia ideológica y profesional. A pesar de eso, la realidad continúa siendo que la mayoría de los senadores se eligen desplegando estrategias electorales de concentración territorial en una circunscripción cuya intención es la representación nacional. A esto se suma que al desdibujar los límites territoriales se dificulta hacer seguimiento y rendición de cuentas de manera efectiva.

El problema más grave se manifiesta en que las prácticas de concentración electoral llevan a que muchos territorios —departamentos enteros— no tengan ningún representante en el Senado; en elecciones legislativas recientes se registran casos en que 11 departamentos no tienen un solo representante electo. Con eso, el diseño de la circunscripción nacional excluye de su corporación más poderosa los intereses de muchos territorios que no poseen el caudal electoral necesario para ser elegidos.

Quienes defienden este modelo destacan que la circunscripción nacional posibilita la representación de fuerzas políticas minoritarias, logrando elecciones que de lo contrario serían imposibles en circunscripciones territoriales. Esto es en parte cierto, pero, tal como se ha propuesto en el pasado, en caso de pasar a un sistema de elección mixto para Senado, que combine la circunscripción nacional con la territorial, no solo se lograrían elecciones “improbables”, sino también tendrían representación en el Senado aquellos departamentos con baja población, a saber, inferior a los 500.000 habitantes. Otros, en cambio, respaldan las bondades de la circunscripción nacional porque consideran de suma importancia que ciertos representantes concentren los intereses nacionales en alguna de las corporaciones parlamentarias, con una argumentación que francamente genera más preguntas que respuestas.

El cambio a un modelo mixto implica una reforma de naturaleza constitucional y requeriría, entre otras cosas, la aprobación del Senado. Tal vez sea la alteración a las dinámicas de poder en el Congreso la razón por la cual el legislador ha sido renuente a solucionar un problema de diseño institucional que a todas luces parece evidente. Un sistema de elección mixto para Senado puede ser factible para darles voz y voto a departamentos que históricamente han sido excluidos de esta corporación, que presume de ser el núcleo de la representación democrática.