Por: Arlene B. Tickner

¿Legado o lastre?

La confirmación simultánea de la adhesión de Colombia a la OCDE y la OTAN ha suscitado poco debate en comparación con su trascendencia. Mientras que Santiago Montenegro considera en El Espectador que el ingreso al principal club de buenas prácticas es el “gran legado” de Juan Manuel Santos, ya que brinda elementos confiables de medición de nuestros avances y estímulos para resolver problemas nacionales críticos, Antonio Caballero afirma en Semana que lo de la OCDE es “tontería” y lo de la OTAN casi “locura” por el gasto y la entrega de soberanía a Estados Unidos que implican ambas decisiones. Además de una delegación permanente en Bruselas a ser ocupada por las élites colombianas, el periodista prevé erradamente cuotas anuales a la OCDE que doblan las de otros países miembros de tamaño similar. Ejercicio aparte que clama por realizarse es sopesar la inversión interna que exige la implementación de las recomendaciones hechas por los 23 comités de este organismo y su posible impacto (positivo) en temas como desigualdad y pobreza, tributación, garantías laborales, educación y derechos humanos, de cara a la pérdida de autonomía y de beneficios en materia comercial y de flujo de capitales.

En el caso de la OTAN y también en contraste con lo afirmado por Caballero, Colombia no se ha vuelto miembro —condición limitada por definición geográfica—, no hay costos económicos asociados a su estatus como “socio global” ni está contemplada su participación en operativos militares. Ser partner –el único latinoamericano entre 40 países con acuerdos grupales e individuales– significa básicamente poder participar en las actividades de la OTAN como receptor, pero también como cooperante. Los temas en los que se espera aumentar la cooperación incluyen ciberseguridad, seguridad marítima, terrorismo, crimen organizado, apoyo a la construcción de paz y seguridad, incluyendo el desminado e interoperabilidad con las fuerzas armadas de países miembros de la OTAN con miras a facilitar la participación en misiones de paz de la ONU.

El acuerdo con la OTAN no es el único que ha suscrito este Gobierno con organizaciones internacionales, sino que hay otros con la Unión Europea (todavía en trámite en el Congreso) y la ONU, firmados en 2014 y 2015 con miras a aumentar la colaboración colombiana en operaciones de gestión de crisis en Europa y en misiones multilaterales de paz, aunque a la fecha no hay fuerzas desplegadas. En su conjunto, los tres buscan claramente generar estímulos y crear actividades alternativas para nuestra fuerza pública en un escenario futuro de posconflicto en el que el tamaño inflado de ésta y la existencia de saberes especializados derivados de medio siglo de guerra sugieren la necesidad de recortes y de reacomodos, pese a las declaraciones oficiales en sentido contrario.

Es imperativa una discusión más sistemática para entender mejor los distintos objetivos que busca satisfacer Colombia con su ingreso a la OCDE y la OTAN, en qué nos benefician estos nuevos roles internacionales, cómo nos pueden perjudicar y cómo juegan en la transición del conflicto armado y la no guerra. En ese sentido, tanto la celebración acrítica de Montenegro como la condena trillada de Caballero de nuestra sumisión ante el “imperio estadounidense” se quedan cortas para determinar si se trata de un legado positivo o un lastre.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner

La vieja “nueva” política exterior de Duque

Peor que Somoza

Surrealpolitik

Apuesta por un nuevo país