Ley de negritudes

Este 27 de agosto, la Ley 70 de 1993 estará cumpliendo 26 años. La llaman Ley de Negritudes porque le dio vida al Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991, consistente en uno de los puntos culminantes de la lucha de la gente negra por hacer visibles sus aportes y los de sus ancestros al surgimiento de nuestra nación, incluyendo la creación de territorios sin violentar los de los vecinos, ni el medio natural que les daba sustento. Propuso una Cátedra de Estudios Afrocolombianos que ampliara la democracia venciendo el racismo estructural y cotidiano instaurado desde que las palabras negra y negro quedaron igualadas con las de bienes muebles transables en el mercado o heredables mediante testamentaria. Ese programa curricular ha buscado ofrecer una narrativa sobre la formación nacional que no reitere el discurso hispanocentrado de que somos una estirpe que mestizó a indios y negros, mejorando a ambas razas mediante el aporte blanco, la lengua española y la religión católica. La narración alternativa que ha propuesto esa Cátedra desmiente la tradición que retrata a las naciones africanas donantes de cautivos y cautivas como salvajes, tan sólo redimibles por medio de la esclavización. En segundo lugar, busca desbancar esa historia que concibe a las personas negras como indolentes, obsesionadas por el sexo e incapaces del razonamiento abstracto. Se trata de ofrecer una historia veraz sobre esa búsqueda de la libertad que comenzó durante la primera mitad del siglo XVI, cuando desembarcaba en Cartagena la gente secuestrada y deportada desde las costas de África occidental y central, y huía del cautiverio forzado. También un relato sobre la manera como la gente sublevada llevaba a cabo diálogos de paz para superar el cimarronaje, la rebeldía armada y el consecuente arrasamiento de palenques como los Matuderé, Betancur, Limón y San Miguel Arcángel en los Montes de María. Eso sí, sin dejar de exigir respeto por la soberanía territorial y el disenso cultural.

Por lo general, esa autonomía ha involucrado modelos alternativos de producción, cimentados sobre la filiación espiritual de las personas con el medio natural, los cuales, por lo tanto, y al contrario de los monocultivos industrializados, no derivan en la depredación ambiental. Pese a las ventajas ofrecidas ante la actual crisis ecosistémica mundial, y a que esa misma ley hubiera sustituido la noción de colonos en tierras baldías que cobijaba a la gente negra, por la de propietarios ancestrales de territorios colectivos, hoy la realización de esa utopía sigue en déficit. Así, beneficiaros como los campesinos chocoanos del valle del río San Juan enfrentan una profunda crisis humanitaria. En efecto, todos los grupos armados que han aparecido en la región aspiran a monopolios territoriales, traducidos hoy en desplazamiento o confinamiento armados. De ahí el llamado de la Diócesis Istmina-Tado, el Consejo de Autoridades del Pueblo Wounan de Colombia (WOUNDEKO) y el Consejo Comunitario Mayor del San Juan (ACADESAN) para que el Gobierno Nacional y las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, se unan en pro del respeto por la autonomía territorial y el desarrollo cultural ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes de esa región. Sin embargo, en este momento, sería posible airear clamores comparables por parte de otros pueblos étnicos de los Montes de María, del norte del Cauca, Tumaco, Alto Mira y Frontera donde la gente sigue añorando la paz. Sin embargo, con el paso de los días, y debido a una indolencia gubernamental que contradice sus enunciados verbales, quedan hechos trizas los pocos meses de tranquilidad sucedidos después de noviembre de 2016.

* Profesor de Antropología, Universidad Externado de Colombia.

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