Por: Armando Montenegro

Listos para la próxima…

En algunos cálculos el efecto neto de la reforma tributaria que avanza en el Congreso puede ser la reducción de los recaudos del Estado de alrededor del 14 % del PIB en 2017, un porcentaje que es bastante bajo en las comparaciones internacionales, a cerca del 13 % en 2022. Este debilitamiento de las finanzas públicas obviamente va en contra de la apremiante necesidad de fortalecer la capacidad del Estado de proveer bienes públicos, financiar los programas sociales y propiciar la equidad.

La reforma, infortunadamente, se vendió principalmente como un mecanismo para tapar el hueco fiscal del próximo año. Por ello, con el nombre de Ley de Financiamiento, se insistió en la necesidad de conseguir $14 billones, el faltante del presupuesto de 2019. Y, al mismo tiempo, propuso numerosas y costosas reducciones de los recaudos en los años siguientes.

La reforma sólo conseguirá algo más de la mitad de la suma buscada para 2019 y no será capaz de mantener el déficit fiscal dentro de los parámetros de la regla fiscal el año entrante, ni en ninguno de los siguientes. Aunque se prevé que en 2019 el problema se manejará con recortes en ciertos gastos, de allí en adelante crecerán los déficits, sin que se tenga idea de cómo se financiarán (el aumento sostenido del déficit surge porque algunos tributos que elevan los recaudos son transitorios, mientras que otros, como los de renta de las empresas, bajarán gradualmente).

La solución no es, como lo señalan algunos políticos, que se estire la regla fiscal para permitir un déficit más elevado. Un mayor déficit implica un mayor endeudamiento y un creciente servicio de la deuda. Y Colombia ya tiene un volumen de deuda que es relativamente alto con respecto al tamaño de la economía, un hecho que ya comienza a ser motivo de preocupación en los organismos crediticios.

El servicio de la deuda (los pagos anuales por intereses y amortizaciones) ya consume más de la tercera parte de todo el presupuesto nacional y constituye una partida superior al presupuesto en educación o defensa. Por esta razón, no es sensato ni responsable sugerir que siga subiendo la deuda pública, hipotecando los ingresos del futuro (la experiencia de otros países muestra que los políticos que proponen el aumento del déficit y el crédito público son los mismos que, más adelante, exigen que no se pague la deuda, con el cuento de que la culpa la tienen las entidades prestamistas).

De acuerdo con la ideología de la llamada economía de la oferta, el gobierno sostiene que la fuerte rebaja de los impuestos y creación de generosos incentivos tributarios a las empresas estimularán la inversión privada e impulsarán el crecimiento económico. Numerosos estudios y la experiencia internacional, sin embargo, no confirman estos planteamientos y, más bien, muestran que estas políticas únicamente incrementan el déficit fiscal. Si el costo de esas medidas es el desorden financiero y la pérdida de confianza en la economía, el efecto neto sobre las empresas, inicialmente beneficiadas de las rebajas tributarias, seguramente será negativo.

La Ley de Financiamiento no resuelve el problema fiscal, crea dificultades para el futuro y, una vez más, aplaza la solución al déficit estructural de las finanzas públicas. Desde el mismo día de su aprobación comenzará la discusión sobre las propuestas de la próxima reforma tributaria.

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