Los 77 millones

La decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Sergio Fajardo por tomar un crédito en dólares, durante su tiempo como gobernador de Antioquia, es difícil de entender. Hay que leer varias veces el comunicado para entender que, por inverosímil que sea, efectivamente es verdad.

En resumen, a Fajardo lo imputan con dos cargos penales por haber tomado un préstamo por 77 millones de dólares en 2013 con Corpbanca, sin haber hecho estudios previos sobre la posible volatilidad del dólar, sin haber acudido a un seguro de riesgo cambiario y supuestamente favoreciendo a su secretaria de Hacienda, que tenía una inversión de siete millones de pesos en acciones del banco.

La noticia produce, sobre todo, una enorme tristeza y preocupación. No por ser Fajardo el imputado. Con esta decisión, la Fiscalía se une a un encuadre institucional que juzga implacablemente por hechos completamente imprevisibles e imprevistos, y que al final lo que hace es minar la confianza en esas instituciones a través de decisiones que, la verdad, suenan traídas de los cabellos.

Ya varios analistas y centros de pensamiento han advertido sobre el peligro que es utilizar las instituciones de justicia y control con fines políticos. Más aún cuando se trata de la entidad cuyas actuaciones pueden tener consecuencias penales serias para los imputados.

Imputar cargos por no haber previsto la devaluación del dólar es, por decir lo menos, inaudito. Lo mismo por supuestamente no haber hecho estudios previos sobre la “volatilidad” de la moneda. Por supuesto que la moneda es volátil, con estudios o sin estudios, como siempre lo ha sido durante los años desde que se flotó la tasa de cambio en Colombia. No es necesario un estudio para saber eso. Y los estudios previos que traten de predecir en dónde va a terminar el dólar con una probabilidad muy cercana al 100% estarán equivocados. Entonces hacer un estudio que de antemano se sabe que no arrojará nada contundente por chulear un requisito legal es, por un lado, tan ilógico como imputar a alguien por no predecir la devaluación del dólar y, por el otro, muestra de que hay requisitos legales que hay que revaluar.

Por supuesto que esa devaluación trae consecuencias sobre el crédito contratado. Pero ese no es el punto. El punto es que las decisiones se toman con información incompleta y saber cuál va a ser su resultado con certeza es complicadísimo. Y que esas decisiones, generalmente, no se toman pensando en que las cosas van a salir mal. Juzgar con los hechos cumplidos es sencillo. Así la decisión a la postre haya tenido consecuencias negativas, tomar malas decisiones es inevitable. Ser juzgado por los efectos de esas decisiones, sabiendo que se tomaron sin culpa o dolo, es un riesgo enorme que lo único que hace es desincentivar involucrarse en el servicio público.

Por el lado del seguro de riesgo cambiario, aquí lo que resulta es que malo porque sí y malo porque no. Ha habido precedentes en otras instancias del Estado en donde la contratación de coberturas cambiarias —el único seguro que existe para las monedas— a su vez ha traído consecuencias complicadas para quienes las contrataron, porque la moneda se movió en el sentido contrario al seguro que se estaba tomando, con consecuencias negativas para el asegurado.

Aquí pareciera que para ser servidor público hay que tener un promedio de 100 % de decisiones acertadas durante su mandato. La infalibilidad es un peligro que acecha cada vez mas al Estado.