Por: Yohir Akerman

Los líderes sociales

El pasado 23 de enero el Juzgado Cuarto Especializado de Cali condenó a cuatro años a los oficiales retirados del Ejército Nacional Alfonso Abondano Mikan, Marco Fidel Rivera y Julián Villate Leal.

Los exmilitares fueron encontrados culpables de concierto para delinquir agravado al elaborar un minucioso plan para atentar en el Valle del Cauca contra líderes sociales, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos entre 2004 y 2006.

Tenebroso.

El plan tenía el lamentable nombre de “Operación Dragón”, ya que se trataba de expulsar fuego, y su objetivo específico era el exterminio, entre otros, del hoy congresista por el Polo Democrático Alexander López Maya; de la presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Berenice Celeita, y de toda la junta directiva del Sindicato de las Empresas Públicas de Cali, Sintraemcali. (Ver Condenados militares).

Coincidencialmente, seis días después de que el juzgado condenó a los tres oficiales retirados del Ejército, el actual presidente de Sintraemcali, Ricardo Muñoz, sufrió un extraño ataque en su casa, a lo cual se suma la denuncia de la junta del sindicato de recibir múltiples panfletos con amenazas contra sus vidas. (Ver Alerta en Cali).

Pero volvamos al 2004.

El 25 de agosto de ese año la Fiscalía desmanteló el plan de exterminio Operación Dragón, liderado por una red de inteligencia conformada por militares activos y en retiro.

Según el informe del ente investigador, los militares se hacían llamar Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis).

Desde las oficinas de estas “consultoras” se ejecutaban planes para silenciar a los líderes sociales, un antecedente que puso en cuestión la protección que el Estado debía brindarles a los defensores de derechos humanos.

Entre 2004 y 2006 la intimidación contra los líderes sociales en el Valle del Cauca se intensificó y la Tercera Brigada del Ejército, durante esos años, realizó informes de inteligencia en donde vinculaba a varios dirigentes de organizaciones de derechos humanos con las guerrillas de las Farc y el Eln, con el fin de judicializarlos después por los delitos de rebelión y terrorismo.

Entre las personas que aparecían en las denuncias infundadas del Ejército estaban varios trabajadores de Emcali y otros líderes de sindicatos universitarios y carcelarios, así como trabajadores del sector público. (Ver No puede repetirse).

Cuando inició la Operación Dragón el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez dirigió un plan, en paralelo, para la privatización de las empresas públicas de esa ciudad.

En la página de la Presidencia de ese gobierno se resalta que uno de los propósitos, incluso hasta los últimos 150 días de su periodo, fue vender Emcali y califican la reestructuración que se hizo de esa empresa como un “honor de Patria”.

Durante el Consejo de Ministros “Retos para los últimos 150 días de gobierno”, que se realizó el 13 de marzo de 2010 en la hacienda presidencial Hatogrande, el presidente Uribe destacó el gran trabajo que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos al frente del proceso que buscó “mejorar la calidad del servicio para los caleños”. (Ver Reestructuración Emcali).

La persona encargada de la Superintendencia de Servicios Públicos de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 y 2010, fue la doctora Evamaría Uribe Tobón.

Lo que hoy es evidente, gracias a la condena de los tres exmilitares del Ejército, es que existía un paralelismo entre todo lo que el gobierno de Uribe y la Superintendencia de Servicios Públicos querían hacer para reestructurar y privatizar Emcali, y la Operación Dragón que buscó eliminar a varios dirigentes del sindicato de la misma empresa pública.

Aterrador.

La discusión de fondo, además de la violencia contra los sindicatos, es algo que ni el actual gobierno ni los pasados han querido aceptar, y es la responsabilidad del Estado en los asesinatos y amenazas a líderes sociales.

Por eso vamos a las víctimas de esta Operación Dragón.

El congresista López Maya, uno de los objetivos de dicha operación, ha denunciado varias veces que la doctora Evamaría Uribe junto al exjefe interventor Carlos Alfonso Potes y el exjefe de Seguridad de Emcali Germán Huertas son las personas que estuvieron involucradas en fondear las operaciones clandestinas que se adelantaron para atentar contra la vida e integridad de los directivos de Sintraemcali, por medio de los contratos de seguridad de Emcali. (Ver Autores intelectuales).

Frente a esto, la doctora Evamaría Uribe ha sido clara en que en su calidad de superintendente de Servicios Públicos no llegó a tener ninguna participación ni injerencia en el contrato de seguridad de la infraestructura de Emcali y que siempre ha respetado la labor de los líderes sociales del país y condenado los crímenes que se están cometiendo contra estos colombianos. (Ver Uribe responde que son falsas las acusaciones).

Lo cierto es que todavía existen algunas cosas que la justicia tiene que aclarar, pero si algo tiene el uribismo es que es fiel a sus soldados.

Pese a todas las acusaciones, la doctora Evamaría Uribe aterrizó en la dirección del importante Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ahora que esta uribista purasangre está en esa institución, es importante recordar otro tema que ha sido muy relevante para el expresidente Uribe desde hace años y es que Belén de Bajirá sea reconocido como municipio de Antioquia y no del Chocó. (Ver Uribe y atlas de Bajirá).

La doctora Evamaría desde esta institución tiene el poder para ponerle fin a este debate con antecedentes tan importantes como que los paramilitares construyeron carreteras para conectar Barranquillita con Nuevo Oriente y Nuevo Oriente con Bajirá para reclamarla como antioqueña. (Ver Belén de Bajirá es Chocó).

Temas terribles en los que, como la responsabilidad de Uribe Tobón en la Operación Dragón, la justicia tiene que investigar cuál fue el papel de los gobernantes de turno, de sus posibles alianzas con entidades paramilitares y, más urgente, cómo proteger a las víctimas y detener las matanzas de los líderes sociales. La historia, lamentablemente, tiende a repetirse.

@yohirakerman

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