Por: José Roberto Acosta

Los negocios de la ministra del Interior

La polarización política no solo ha puesto a tambalear la economía, también ha servido de cortina de humo para desviar la atención de negocios de funcionarios del Gobierno con recursos públicos.

El Gobierno firmó esta semana la Ley para la gestión y transparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud y en el que se ufana de que “exigirá que todas las transacciones se hagan a través de factura electrónica”, pues “esto permitirá que se acaben los abusos a los usuarios y la doble contabilidad de muchos prestadores”. Nada más falso, pues es en la contratación y el manejo de tarifas por donde se alimenta la corrupción en el sistema de salud, corrupción mucho mas grande que la de Odebrecht y que involucra a personalidades políticas muy influyentes.

Una de esas personalidades políticas es la actual ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien —como lo detalla de manera rigurosa y documentada el portal de periodismo de investigación independiente Cuestión Pública— es fundadora del Banco de Sangre Hemolife, fundación que reportó $19.000 millones en ventas en 2017 y cuyo actual presidente es su esposo, el señor Miguel Rueda, hermano de la activista-periodista María Isabel Rueda. La ministra Gutiérrez también aparece como subgerente de la sociedad Principia Médica S.A.S., donde su esposo es el único accionista. Ellos contratan bajo figuras de régimen especial y convenios con hospitales y empresas prestadoras de salud (EPS), como Esimed y Medimás.

Hemolife celebró dos contratos con el hospital San Rafael, de Facatativá, para suministrar hemocomponentes, del 21 de agosto de 2018 y del 11 de enero de 2019, por $80 millones. Otro con el hospital Susana López de Valencia, de Popayán, por $40 millones. Todos violando el artículo 8 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sin que la ministra del Interior haya revelado su conflicto de intereses, como lo ordena la Ley 1434 de 2011. Además, la ministra participó en el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S. y también participó en el Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a empresas como Hemolife. Este cuestionable comportamiento no se soluciona con la implementación de la factura electrónica, eso es carreta.

@jrobertoacosta1

 

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