Los peligros de la ley

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Es como en la fábula de George Orwell: todos somos iguales ante la ley, pero los unos somos más iguales que los otros.

Como cualquier criminal ordinario, el gran líder político del siglo y el jefe del actual jefe de Estado está encerrado y vigilado para evitar que huya de la justicia. La ley es para todos.

Uribe no está preso por alguno de sus actos oficiales a lo largo de más de 40 años. Está acusado de sobornar a un testigo en medio de su gresca con otro personaje a quien detesta. Un delito ordinario, no un delito político, una cuestión que para bien y para mal nada tiene que ver con sus servicios o sus deservicios a la patria.

Desde el sentido común, la cuestión es muy sencilla: un abogado del acusado le entregó cerca de $40 millones a un testigo en el proceso. El hecho como tal está fuera de dudas, y las preguntas obvias son por qué se hizo el pago y quién puso el dinero. El abogado dice que la plata salió de su bolsillo y el motivo fue “humanitario”, pero esta explicación no convencería ni al más ferviente uribista cuando le pregunta al niño cómo se rompió el florero. ¡No me crea tan pendejo!

Pero sucede que el sentido común no basta para condenar o absolver a una persona. Por evidentes que parezcan los hechos, nadie que no sea Dios podría saber la verdad absoluta: somos apenas humanos.

Por eso se inventó la justicia penal: sujetos a unas reglas especiales, los jueces son quienes hallan la verdad, la única verdad en estos casos —una verdad que si quiere no lo es por sí misma, sino porque los jueces así lo decidieron—. Es la verdad judicial.

Y aquí viene el enredo. La verdad judicial es un asunto técnico, lleno de vericuetos, leyes, artículos, incisos, expresiones, jurisprudencias e interpretaciones que pueden o no venir al caso. En el país con la Constitución más frondosa de América Latina, donde las leyes cambian cada día, el segundo del mundo en abogados por millón de habitantes, y donde los gobiernos, incluido el de Uribe, han venido creando toda clase de fueros y justicias paralelas, la verdad judicial puede acabar siendo cualquier cosa.

Por eso la defensa de Uribe no ha hecho lo que pide el sentido común: dar una explicación alternativa de la plata que fue a parar a manos del testigo. El motivo pudo ser muy inocente, pero si así lo fuera es evidente que ya lo habrían dicho.

En vez de eso sus costosos abogados, sus compañeros de bancada, sus aliados extranjeros y el mismo Uribe han armado una maraña de argumentos que no explican el hecho, sino que atacan a los jueces y al proceso. Que es venganza de la Corte, que se violaron las garantías procesales, que es absurdo detener al estadista cuando otros criminales andan libres, que no había necesidad de recluirlo porque él no huiría de la justicia.

Los defensores quieren usar la prominencia política de Uribe para obstaculizar la verdad judicial, y quieren además proponer una verdad judicial donde Uribe no vaya a la cárcel. Lo primero es un abuso inadmisible y sin embargo inevitable. Lo segundo es el derecho de cualquier procesado y es el oficio de sus abogados: por eso Uribe renunció al Congreso, por eso aspira a que lo juzguen jueces más benévolos.

También por eso la verdad judicial puede acabar siendo cualquiera. Saltando incluso por encima de lo obvio, Álvaro Uribe podría ser absuelto.

Y añado yo, por el bien del país, que esta otra verdad sería preferible.

* Director de la revista digital “Razón Pública”.

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