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Que los picos de la pandemia sobrevengan en el período preelectoral ha sido una coincidencia desafortunada para la salud pública, por cuanto las acciones del Gobierno para mitigarlos se han interpretado en el contexto de favorecer la imagen del partido político al que pertenece. La gala publicitaria montada por el arribo del primer lote de vacunas así lo confirma. El rechazo ciudadano a ese despliegue lo caricaturizó Osuna, recordando los personajes de la serie televisiva de La isla de la fantasía: “Llegada apoteósica: ¡El avión! ¡El avión!”. (El Espectador, 17/02/21).
La precariedad de los inventarios de biológicos para cumplir con las segundas dosis, igualmente, señala que hubo triunfalismo y demagogia al proclamar el plan de vacunación, sin haber asegurado previamente los contratos con las farmacéuticas, como varios comentaristas anticiparon desde mediados del año pasado.
Los funcionarios gubernamentales descalificaron con arrogancia esas opiniones. No obstante, la premura en expedir el decreto para que los privados adquieran las vacunas confirma las falencias de la contratación oficial.
A la Secretaría de Salud de Bogotá hay que honrarle la eficiencia en vacunar a los profesionales de la salud de primera y de segunda líneas, y al personal auxiliar, hasta donde la provisión de vacunas se lo ha permitido. Tenía razón la alcaldesa López cuando, desde antes de la iniciación de la vacunación, afirmó que en ese proceso no se requería la intervención de las EPS.
La expresión de “vacunación masiva” utilizada frecuentemente en la publicidad estatal es contraproducente, porque infunde en la población una seguridad inexistente respecto al riesgo de contagio del virus. Cuando se logre la vacunación de los 35 millones de ciudadanos, cifra estimada por el mismo Gobierno para lograr la inmunidad de rebaño, se podría hablar, ahí sí, de vacunación masiva. Se han aplicado 4’400.000 vacunas y con la segunda dosis se registran 1’390.000 personas, que representan solamente el 2,7 % de la población.
El centro de recursos de la pandemia COVID-19 de Johns Hopkins reporta que en Colombia, hasta el 25 de abril, han fallecido 71.351 ciudadanos y se han contagiado 2’774.464. El 24 de abril se registraron 16.730 nuevos casos y fallecieron 440 pacientes. Estas últimas cifras son las más altas desde marzo de 2020.
La base de datos contempla que esta información depende del número de pruebas que cada país practique, para establecer el cerco epidemiológico de los contactos, de quienes han sido detectados como positivos al contagio de la infección. La Federación Médica Colombiana y varios epidemiólogos independientes han estimado que Colombia debería realizar entre 130.000 a 150.000 pruebas diarias para que dicho cerco resulte eficaz en la contención de la enfermedad COVID-19. Este rastreo corresponde a las EPS. Mientras no se elimine este sistema de salud centrado en el negocio y no en el ser humano, no se obtendrá la contención anhelada y persistirá la pandemia. El rastreo de contactos por caso es de 1,7, (81.246 pruebas), mientras que en Chile es de 2,5.
Las elevadas cifras de movilidad y aglomeración de la población que se reflejan en la transmisibilidad del virus y la ocupación de las UCI en varias ciudades del país demuestran que las comunidades siguen sin recibir la educación apropiada, que genere convicción sobre las estrategias de protección personal: uso permanente de la máscara facial, que cubra las fosas nasales, la cavidad oral, el mentón y selle los contornos; el distanciamiento social, aun en espacios abiertos, y el lavado permanente de las manos.
Con la propuesta de la reforma tributaria parecería que el Gobierno tampoco tiene convicción sobre estas elementales medidas de prevención de la contaminación del virus. Gravar el agua potable con el 19 % de IVA estimulará a los colombianos que disponen de ese recurso a limitarlo, para no incrementar sus gastos mensuales de la canasta familiar.
El agua potable, el alcantarillado y la protección del medioambiente son condicionantes del derecho fundamental a la salud.
Sobre la protección del medioambiente, el ministro Ruiz ha cambiado, de un gobierno a otro, su concepto sobre la fumigación aérea del glifosato. Significa que para Ruiz el medioambiente no es un condicionante para la salud, sino para la política. Abogó por la suspensión de las aspersiones del tóxico en el gobierno de Santos, cuando fue viceministro de Alejandro Gaviria, pero ahora, con Duque, se declara impedido para opinar sobre la reanudación de dichas fumigaciones, a pesar de conocer las letales consecuencias para los humanos (cáncer, según el informe de la OMS), para los animales y todas las formas de vida, para los cultivos de pancoger y para la madre tierra. Esas son sus incongruencias con la salud pública de los colombianos.