Mal

José Fernando Isaza
19 de diciembre de 2018 - 08:14 p. m.

El concepto “banalidad del mal” lo empleó Hannah Arendt cuando asistió como reportera del New Yorker al juicio de Adolf Eichmann. Se refería a que el mal no era algo excepcional, cometido por personas malvadas, sino que podía ser algo habitual y realizado por la gente normal.

De la lectura del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 se deduce que muchos de los asesinatos de personas indefensas y no vinculadas al conflicto fueron actos de personas “normales”. La investigación de los profesores Omar Rojas y Fabián Benavides publicada por la Universidad Santo Tomás, además de analizar esa página negra de la historia, logra, entrevistando en profundidad a quienes participaron en esos crímenes de lesa humanidad, desentrañar el porqué de sus acciones.

La Fiscalía General de la Nación ha comprobado que 4.475 jóvenes fueron asesinados como falsos positivos. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha identificado 5.763 asesinatos. Asociaciones de víctimas han recogido pruebas que elevan la cifra a 10.000 crímenes bajo esta modalidad.

Algunas declaraciones que trae el libro son espeluznantes. “En conversaciones con un militar participante en las ejecuciones extrajudiciales éste manifestaba encontrarse totalmente convencido de que al igual que los estudiantes —en especial de las universidades públicas—, los activistas, los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, las personas de bajos estratos socioeconómicos eran resentidos sociales que en el momento menos esperado llegaban a expresar sus odios contra las Fuerzas Militares, de ahí que fueran enemigos”.

Hay similitud con las justificaciones del DAS, cuando esta institución estuvo al servicio del paramilitarismo, para perseguir a Patricia Ariza, directora de teatro que era “enemiga” por ser socióloga de la Universidad Nacional y porque sus obras de teatro eran antagónicas a la política de Seguridad Democrática.

Un oficial afirma: “Nos ordenaron muertos y muertos les dimos, un general nos pedía litros de sangre y se la dimos, una orden es una orden y se va al Ejército es para obedecer, para cumplir órdenes, no para refutarlas”.

En otra entrevista, un oficial relató lo que el general Montoya decía: “Mire, es que usted frenó, ya no tiene bajas, en cambio Hernán Mejía en Valledupar me dice, mi general, hoy vamos a tener diez bajas, logra 20. Así tiene que hacer usted”.

Un aspecto preocupante de la investigación es el resultado de las entrevistas con los mandos del Ejército activos y de reserva que no participaron directamente en los asesinatos. “Tan solo un 5 % del personal de la reserva y el personal activo considera que las Fuerzas Militares deben pedir perdón tanto a las víctimas como a la sociedad por las ejecuciones extrajudiciales, y el 12 % considera que nunca se debe separar a las personas comprometidas en estos actos de la institución armada. Para los militares activos y de la reserva, el pedir perdón es un acto en el que se reconoce la derrota”. “El 40 % de los encuestados considera que las Fuerzas Militares deben defender a los oficiales, suboficiales y soldados comprometidos en esos actos”.

En el período 2002-2011, las Fuerzas Militares reportaron 16.331 muertes de guerrilleros en combate. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 19,95 % fueron asesinatos fuera de combate.

Según la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares.

 

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