Manzanas y raíces podridas

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La cadena de sucesos en Bogotá la semana pasada fue impresionante. Primero, el brutal asesinato de Javier Ordóñez por parte de la Policía, captado en video, como lo fue la rodilla en el cuello de George Floyd. Luego, los vecinos, movidos por el profundo dolor y repudio, se volcaron en contra de los CAI. Como respuesta, los policías disparan indiscriminadamente contra la gente. El balance: 11 muertos, la mayoría jóvenes; más de 200 personas heridas, varias con armas de fuego; 194 policías con graves lesiones; 54 de los 146 CAI de la capital destruidos; 33 buses de Transmilenio quemados o destrozados.

Lo sucedido en Bogotá no fue el resultado de unos casos aislados por parte de unas cuantas “manzanas podridas” de la Policía, ni de unos vándalos o supuestos infiltrados del ELN, como lo afirmó el Ministro de Defensa, por el lado de los manifestantes. Más bien el estallido de violencia es un crudo reflejo, por una parte, de la cultura institucional de la Policía y la forma en que ve y trata la gente que debe servir y proteger. Pero también es una expresión de la manera en la cual la gente ve a la Policía.

La brutalidad policial en Colombia está arraigada en la historia. El 8 de junio de 1929, la Policía asesinó a Gonzalo Bravo, estudiante de la Universidad Nacional quien protestaba pacíficamente contra el gobierno por la Masacre de las Bananeras. Desde ese entonces, la fecha se conmemora en su nombre y en el de muchos otros estudiantes asesinados desde ese entonces. A partir de 1946, el gobierno de Mariano Ospina empezó a convertir a la Policía en un instrumento de persecución política al servicio del Partido Conservador. Cuando la Policía de Bogotá el 9 de abril de 1948 se unió al pueblo gaitanista, el Ejército lo reprimió y luego el gobierno de Laureano Gómez profundizó su exterminio por parte de la llamada policía chulavita. En 1953, Gustavo Rojas trasladó la Policía al entonces Ministerio de Guerra, como cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, al lado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Si bien la Constitución de 1991 definió la Policía como un cuerpo armado de naturaleza civil y la extrajo del Comando General de las Fuerzas Militares, se mantiene hasta nuestros días adscrita al ahora Ministerio de Defensa y goza del fuero militar, a diferencia de la gran mayoría de las democracias en el mundo.

Con la Guerra contra las Drogas, la misión y la naturaleza de la Policía se alteró aún más, al convertirse en el principal recipiente de la asistencia militar de Estados Unidos. Para finales de los noventa, la Policía contaba con helicópteros Blackhawk muy superiores a los que tenía el Ejército. Al general Rosso José Serrano lo recibían en Washington como “el mejor policía del mundo”, no propiamente por velar por la seguridad ciudadana de los colombianos, sino por incautar toneladas de cocaína y perseguir carteles. La Guerra contra las Drogas militarizó a la Policía y le impuso otras tareas.

En la gran mayoría de los países del mundo, Ejército y Policía son dos cuerpos muy distintos: mientras el primero defiende la soberanía frente a amenazas externas, la segunda se encarga de la seguridad ciudadana. El clásico bobby inglés sólo lleva bolillo. Pero desde hace décadas, en Colombia, el Ejército se dedica al orden público y la Policía se ha militarizado.

En otras sociedades, los policías son héroes. Uno ve como en las películas, la gente los llama cuando requieren ayuda o protección. Son valorados socialmente. Pero lamentablemente en Colombia no sucede lo mismo. Los pésimos sueldos de los policías reflejan la baja importancia que tienen para la sociedad. A la vez, la triste realidad es que cuando un policía se les acerca, muchos colombianos no sienten seguridad sino miedo. El pasado noviembre, ochenta años después de la muerte de Bravo, el asesinato por la Policía de Dilan Cruz, otro estudiante pacíficamente protestando, desató una fuerte ola de protestas.

Por supuesto, no todos los policías son malos y he tenido la oportunidad de conocer muchos honestos y muy buenos. Pero el hecho de que los CAI – que nacieron como una buena idea para acercar la Policía a las comunidades – hayan terminado siendo blancos de la ira colectiva es bastante diciente. El asunto no es de individuos sino institucional y, sobre todo, societal.

La Alcaldesa de Bogotá Claudia López, que ha brillado por su liderazgo en esta difícil coyuntura, lo dijo muy bien: en vez de militarizar a Bogotá como proponen desde el gobierno, se debe desmilitarizar la Policía.

Lo que pasó en Bogotá es de suma gravedad y no se resuelve con “investigaciones exhaustivas”. Se requiere una verdadera reforma de raíz de la Policía, que le imponga el carácter civil que ordena la Constitución, sacándola del Ministerio de Defensa, sometiéndola a la justicia ordinaria, restringiéndole el uso de armas letales, recomponiendo su relación con las comunidades y ganándose la confianza y el aprecio de la sociedad.

danielgarciapena@hotmail.com

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.

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