Si niños y niñas de colegios privados de Bogotá como el Anglo Americano, el Gimnasio Moderno o el Nueva Granada hubieran sido secuestrados por un grupo armado, los invito a preguntarnos: ¿Qué respuesta hubiera dado el Estado? ¿Habrían intentado su rescate para mantenerlos vivos por todos los medios posibles? ¿O hubieran dado, si se diera la oportunidad, un golpe mortal a los secuestradores, aún sabiendo que morirían los pequeños? Y de darse este trágico hecho, preguntémonos también: ¿Cómo habrían reaccionado los medios de comunicación ante la muerte de los niños? ¿Cómo habría reaccionado la sociedad colombiana misma? ¿Qué calificativo les daría el ministro de Defensa a los niños fallecidos, mientras sus madres recibían los pedazos de cadáveres?
No es función de esta columna responder lo que obviamente sabemos todos, pero que no queremos pensar, ni decir por miedo a aceptar nuestro nivel de culpa, ante la sórdida sociedad racista, excluyente y decadente en la que nos hemos convertido. Sociedad cómplice que, encerrada en sí misma, ve series en Netflix, o mira para otro lado mientras masacran a unos niños que, a fuerza de nuestra indiferencia, no consideramos colombianos; es más, ni siquiera consideramos humanos, que ni siquiera clasifican como seres vivos, porque como bien lo dijo el ministro Molano, son simples máquinas de guerra.
Así que, lo que sí podemos hacer en estos renglones, es hurgar en la historia del calificativo “máquina de guerra”, ya que la palabra como tal no es nueva, y mucho menos inocente; su uso ha obedecido a una intencionalidad sobre la que descansa, no solo la justificación de la muerte de los menores, sino un proyecto más profundo y peligroso, como es el desprecio por la vida. Proyecto que está arrasando territorios como el Guaviare, donde millones de árboles han caído, cientos de fuentes de agua se han envenenado, miles de animales han perecido, porque son considerados, junto a las comunidades que habitan este amazónico lugar, como un estorbo, un obstáculo para los intereses económicos ilegales y “legales” de quienes ostentan el poder, el poder de dictaminar qué o quién debe desaparecer en nombre del desarrollo de la región, o como se lo llama paradójicamente: el progreso.
Al respecto valga recordar que desde el siglo XVII, Rene Descartes, buscando justificar la utilización, tortura y muerte de los animales, los privó de su condición de creaturas vivas, de seres sintientes, empleando el absurdo argumento que los animales eran simples máquinas, en nada diferentes a un reloj o un molino, ya que no tenían alma. Esta idea por descabellada que parezca va a ser el motor con el que se fundó la modernidad y la posterior carrera por explotar sin límites a la naturaleza, lo mismo que el sustento histórico por el cual, animales sin alma, eran legítimamente cazados, secuestrados en jaulas, torturados y asesinados sin culpa alguna, o asomo de remordimiento; y no solo estamos hablando de búfalos, venados o alimañas, sino de los negros pobladores del África y los indígenas nativos, que durante el descubrimiento y conquista de los territorios que hoy llamamos América, fueron masacrados por millones. Alma de la que también se despojó a los herejes para ser quemados, a las mujeres para ser abusadas, y a los extranjeros para ser ejecutados.
Detrás de la noción de máquina, de cosa sin alma, de la deshumanización y la privación del concepto mismo de “ser vivo”, está la legitimidad con la que se cometieron los más graves genocidios durante el siglo XIX y XX, incluido el más oscuro episodio del que da cuenta la humanidad: el proyecto Nazi. Donde seres humanos como los discapacitados, los homosexuales, los gitanos y, especialmente, el pueblo judío, fueron previamente llamados por Hitler como bacterias, como cucarachas, y por esto, literalmente fumigados en campos de exterminio como Auschwitz, con ese terrible gas venenoso del Zyklon B.
Este proyecto de desprecio por la vida justifica que en la actualidad mueran millones de personas, mayoritariamente niños, niñas y mujeres, en medio de esa lucha del “sálvese quien pueda”, impuesta por el mercado como la nueva ley de selección natural; la muerte de los otros está justificada bajo la ausencia de ciudadanía y la degradación del otro a la condición de molestia, de peligroso fastidio, de obstáculo al progreso, discurso con el que asesinan indígenas, afrodescendientes o campesinos, en medio de un centro dominante y una periferia dominada y abandonada a su suerte.
El Guaviare hace parte de esos territorios rurales de Colombia donde del Estado solo se conoce su olor a pólvora; donde sus habitantes han sido excluidos de los derechos mínimos a los que aspiraría un ciudadano en un país democrático: sin vías, sin escuelas, sin puestos de salud, sin oportunidades, lo que pulula en el territorio es la ilegalidad y la violencia; violencia que les arrebata a diario la semilla que podría hacer germinar la paz y la justicia, semilla que perdió para siempre la sonrisa de la inocencia y que ahora luce en su ausencia la máscara del terror, de la desilusión y del olvido, semillas que alguna vez fueron niños, hoy convertidos en máquinas de guerra.
* Gabriel Bustamante Peña es abogado Magister en estudios políticos. Se ha desempeñado como subdirector de Particpacion. En la Unidad para las Víctimas, ex defensor delegado para las víctimas y ex jefe de la oficina de atención a víctimas de la JEP.