Ese voto se conoce como Proposición 19 y al tiempo que despenaliza y regula el microconsumo y la microproducción, aumenta penas para la venta a menores de 17 años.
La amplia discusión de este tema en los Estados Unidos ha acompañado un proceso de descriminalización que ya incluye a 12 Estados en los cuales han aprobado la autorización de venta de marihuana para uso medicinal. La P.19 sería un cambio radical en tanto autorizaría ese consumo por razones lúdicas o de recreación a cambio de un impuesto fuerte que solo en California permitiría recaudar más de 1500 millones de dólares al año. La destrucción de las fabulosas utilidades de intermediarios, carteles y paraísos fiscales legalizados, conduciría a la reducción de la violencia y a controles estatales similares a los que se aplican al alcohol, a drogas sintéticas antidepresivas y a medicamentos que exigen fórmula. En lugar de más cárceles, armas y guerras, se tendrían más programas educativos masivos y medidas de salud.
Las opiniones han estado divididas en el debate sobre este tema y poderosas organizaciones han advertido sobre las repercusiones negativas que puede tener la caída del precio de la onza desde 380 a 50 dólares. Los críticos dicen que el consumo se aumentaría y con ello los costos de tratamientos y accidentes. Otros dicen que volvería inmanejable la guerra a otras drogas calificadas como más peligrosas y adictivas. Y que todo ello superaría los cálculos sobre recaudos, disminución de costos por las decenas de miles de presos. En este campo de los opositores se mezclan conservadores fundamentalistas, empleados de la guerra antidrogas, vendedores de armas y políticos pragmáticos que hacen cálculos sobre la influencia de este tema en los votos por la renovación de curules en el Congreso de los Estados Unidos.
El asunto de fondo es si la dirección de las políticas antidroga debe ser cada vez más civil, preventiva o si se debe reforzar el enfoque prohibitivo, de militarización y criminalización. En esta dirección se han pronunciado importantes sectores en los Estados Unidos y también voces desde Latinoamérica como las del informe encabezado por los expresidentes de Brasil , Colombia y Mexico que llamaron a avanzar descriminalizando el consumo de marihuana.
En Colombia marchamos en dirección contraria. La petición de los gobernantes es de más guerra, más Plan Colombia y más cárcel. Como muestra está el Proyecto de Estatuto de Seguridad Ciudadana que tiene entre sus muchos micos artículos de más prohibición. Y no se quedan atrás las declaraciones del Presidente Santos manifestando su preocupación por la dificultad de explicar la guerra en Colombia con sus miles de muertes, cuando los mayores consumidores y productores del mundo tienen autorizada la dosis personal medicalizada y van a otras aperturas aunque ahora pierda el referendo de la P.19.
Por Camilo González Posso
