Por: Indalecio Dangond B.

Medidas urgentes

Los informes presentados esta semana por el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, y el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, sobre la situación moral y fiscal del país dejaron a todos los colombianos muy preocupados.

Con esas alarmantes cifras de endeudamiento y despilfarro de dineros públicos que deja el saliente gobierno de Juan Manuel Santos, no queda otro camino que el de tomar medidas urgentes para atajar esta hemorragia de la corrupción y la ineficiencia pública que sigue desangrando las finanzas públicas del Estado.

Una de las acciones prioritarias y necesarias para salir de este desastre fiscal es recortar de tajo el presupuesto de funcionamiento. Los ministros del gobierno deberían suspender en estos 30 días todos los gastos innecesarios de publicidad, los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas, reducir en un 80% el uso de vehículos oficiales y escoltas, restringir los gastos de viajes y comisiones oficiales, fusionar entidades que tengan duplicidad de funciones, y suspender todos los contratos y convenios con vigencias futuras que no tienen ningún impacto en el crecimiento de la economía del país.

De la igual manera, deberían entregarle al presidente Duque un listado de leyes, resoluciones y decretos obsoletos para que sean derogados, ya que obstaculizan la competitividad del país. El desarrollo de nuestra nación está estancado por el exceso de regulación a los sectores productivos y la exagerada tramitología que se han inventado los funcionarios públicos para obtener beneficios económicos a través de la perversa práctica del chantaje y el soborno. Ojalá comiencen por las corporaciones autónomas regionales, el ICA, el Invima y la Aduana Nacional. Es hora de sistematizar todos los procesos normativos, los softwares no saben de coimas.

Otra medida urgente para reducir el derroche en el gasto público es suprimir las 67 contralorías territoriales tal como lo ha venido planteando el contralor Maya Villazón. La vigilancia de la gestión fiscal debería realizarse a través de compañías especializadas en auditorías y revisoría fiscal, que permitan establecer el grado de eficiencia de las entidades públicas, bajo la inspección y vigilancia de la Contraloría General de la República. La venta de la totalidad de los inmuebles improductivos y de algunas empresas comerciales e industriales del Estado sería otra alternativa importante de alivio fiscal para la nación.

Otra medida que ayudaría a mejorar la gestión fiscal es la redistribución del Presupuesto General de la Nación. Es absurdo que a los sectores que mueven la economía del país, como son la industria, comercio y turismo, transporte, ciencia y tecnología, y el agropecuario, sólo les hayan asignado un presupuesto de $10,7 billones para el 2018, mientras que para inclusión social y reconciliación destinaron una chequera de $11,2 billones. Ya ven por qué la economía crece poco y la corrupción crece mucho.

Al presidente Duque no sólo le dejaron la olla raspada, también se la dejaron empeñada hasta el 2020; si llega a implementar estas medidas de urgencia en los próximos seis meses, podrá tener un panorama fiscal menos grave en el 2019, para poder ejecutar su plan de gobierno.

* Experto en financiamiento agropecuario.

805493

2018-08-11T00:00:00-05:00

column

2018-08-11T00:00:01-05:00

jrincon_1275

none

Medidas urgentes

16

3441

3457

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Indalecio Dangond B.

Agricultura 4.0

Dólar y cambio climático

Liderazgo costeño

El presupuesto del agro

Biotecnología agrícola