Por: José Fernando Isaza

Mentiras

Un grupo de dirigentes políticos, situados en la extrema derecha y con un significativo número de seguidores, consideran que deben oponerse a toda costa a que el país pueda vivir sin un conflicto interno. Su caudal electoral lo sustentan en capitalizar el ambiente de terror que genera la presencia de unos grupos armados ilegales, y que paradójicamente legitima su concepto de un Estado que no respeta los derechos humanos ni otorga garantías a la oposición.

Cuando se iniciaron las negociaciones con las Farc, anunciaron que no iba a firmarse el tratado de paz. Como esto no sucedió, afirmaron que no iban a entregar las armas; cuando las entregaron, dijeron que era sólo un armamento artesanal y viejo, y como las Naciones Unidas certificaron los modelos del armamento, dijeron que se entregó una mínima parte, que el resto estaba en caletas; cuando los verificadores internacionales informaron que recibieron las coordenadas de casi 1.000 caletas y que su destrucción iría al ritmo de las dificultades logísticas, los políticos guerreros se fueron quedando sin argumentos. Ahora enfocan su acción contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin ningún recato ético afirman que la JEP se hizo, entre otras cosas, para juzgar al expresidente Uribe. El acuerdo para la terminación del conflicto dice: “La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificará las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse este documento”.

El juicio a cualquier expresidente o presidente se inicia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Posteriormente, si considera que hay méritos para una acusación, el expediente pasa a la Cámara plena, y si por votación mayoritaria se determina que hay motivos para el juicio, se realizará en el Senado. Como lo ha probado la historia, se garantiza la impunidad.

El jefe natural del Centro Democrático puede estar tranquilo. No es la JEP la que investigará ni juzgará sus responsabilidades como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por los miles de asesinatos a sangre fría de personas ajenas al conflicto, los mal llamados “falsos positivos”. Tampoco tendrá que explicar ante la JEP la entrega del DAS, entidad que dependía directamente de él, a personas hoy condenadas por alianzas punibles con el paramilitarismo o por las violaciones ilegales a las comunicaciones de los ciudadanos. Su juez es su conciencia.

No corresponde a la realidad la afirmación que dice que los 49 millones de ciudadanos quedamos sujetos a la JEP. Ante esta sólo tienen que acudir los actores determinantes de crímenes más graves. Como lo ha expresado en múltiples ocasiones el negociador Humberto de la Calle, quienes por extorsión fueron obligados a financiar los grupos armados ilegales no son objeto de la JEP, sólo si son autores determinantes de crímenes más graves. Precisa De la Calle que quien financió una masacre sí es sujeto de la JEP.

Hay una reducción significativa de los muertos por causa de la guerra interna, por el cese del conflicto con las Farc y la tregua con el Eln.

Por favor, señores de la guerra, déjennos vivir en paz, así esto les afecte su caudal electoral. ¿Cuántas más muertes, la mayoría de personas ajenas a la confrontación, se requieren para saciar su sed de venganza?

 

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