Morir, una decisión sin autonomía

Dentro del compendio jurisprudencial de nuestro país (extenso por antonomasia) se esconde una sentencia de tinte liberal escrita por el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz (QEPD). La Sentencia C-239 de 1997, proferida por aquel ilustre profesor de cabellos blancos, exhorta al Congreso para que en el tiempo más breve posible regule el tema de la muerte digna en Colombia.

Uno de los argumentos emanados por el exmagistrado es que dentro del derecho a morir en forma digna el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad.

En este sentido, y de conformidad con lo expuesto en dicha jurisprudencia, se supondría que un enfermo terminal, en virtud del ejercicio de su libertad y su dignidad, puede manifestar su deseo de acudir a la eutanasia para que un tercero autorizado lo ayude a calmar su sufrimiento de manera segura y tranquila a través de la muerte asistida.

Pero en Colombia eso todavía no pasa porque la muerte digna no es una opción en nuestro orden institucional y esta es la hora que el Congreso de la República, pese a la invitación de Gaviria por avanzar en la aprobación definitiva de la eutanasia, escrita a través de sentencia hace más de 20 años, aún no ha sido capaz de reglamentar de manera concluyente este tema.

Los obstáculos para su aprobación han tenido que ver principalmente con asuntos de carácter moral y religioso, y así ha quedado evidenciado en los más de cinco intentos que ha hecho el Congreso por tratar de aprobar de una vez por todas las directrices de aplicación de la eutanasia como medida excepcional. ¡Sí!, los legisladores, de mayoría conservadora, se han encargado de hundir, durante dos décadas, más de cinco proyectos de ley que en todos los casos buscaban definir las reglas para que las personas pudieran morir dignamente en Colombia.

El último intento sucedió hace menos de una semana cuando la plenaria de la Cámara, luego de una histórica aprobación en primer debate, intentó darle luz verde a una iniciativa que pretendía que toda persona que sufriera de una enfermedad incurable o que estuviese en fase terminal que afectara su calidad de vida de manera grave tuviera el derecho al control sobre el proceso de su muerte.

Pero los fanáticos católicos que se sientan en el Congreso y que aún no son conscientes de que por norma constitucional Colombia es un Estado laico, argumentaron que el proyecto era una promoción de la muerte contra Dios, y lo hundieron. Sí. Lo volvieron a hundir desconociendo, tal como aseguró la representante Juanita Goebertus, las sentencias de la Corte y priorizando convicciones religiosas.

A pesar de que en nuestro país la práctica de la eutanasia fue despenalizada por la Corte Constitucional desde abril de 2015, nuestra sociedad reclama, desde hace dos décadas, un protocolo justo de legalización y regulación que les permita a los viejos, a los adultos y a los niños enfermos que los está matando el dolor (muchos de ellos en cuidados paliativos), morir dignamente sin necesidad de extender su sufrimiento por la tardanza en los trámites, por la negativa de los hospitales o por los obstáculos burocráticos que en muchas ocasiones nos impone el sistema.

Tenemos una deuda pendiente con la dignidad humana. Como dijo Carlos Gaviria hace 22 años, y esta es quizá la justificación que recoge toda su sentencia: “Vivir dignamente requiere también morir con dignidad”.

Andrés Duque Gutiérrez.

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