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28 Jun 2021 - 1:37 p. m.

Mujeres denuncian que la justicia es inútil en casos de violencia digital

Las recientes denuncias sobre el grupo Babados Killa, en el que se filtraban contenidos sexuales no consentidos y del que hacían parte más de 11 mil hombres, ponen el dedo en la llaga frente al vacío de la justicia colombiana para tramitar estos actos que dañan a muchísimas mujeres.
Ricardo Ávila Palacios

Ricardo Ávila Palacios

Editor Sección Colombia
Las redes sociales pueden ser riesgosas por la filtración de  contenido sexual.
Las redes sociales pueden ser riesgosas por la filtración de contenido sexual.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Ana*, de 17 años, está comenzando su carrera en el modelaje y por eso hace parte de algunos grupos en Facebook en donde publican permanentemente castings y convocatorias. Ella se inscribió en una de estas, y muy rápidamente la contactaron por messenger. Una modelo, en representación de una marca brasileña, le ofreció trabajar para esta compañía. Le dijo que debía hacer un casting virtual, le pidió cambiarse frente a la cámara, desfilar en vestido de baño y mandar el video.

Al principio, Ana se negó a cambiarse frente a la cámara, pero la supuesta modelo le dio varias razones que ella consideró sensatas. “Normalmente, en la escuela de modelaje todas nos cambiamos delante de las otras y es lo más natural. Además, me mandaron un contrato. Todo parecía muy serio”. Ana mandó el video, pero luego hizo revisar el contrato de su acudiente y descubrieron que la supuesta dirección de la empresa no existía.

Esto sembró desconfianza en Ana y empezó a investigar a la modelo que le había escrito y a la marca que supuestamente representaba. Resultó que la modelo estaba siendo suplantada y la empresa también. “Llamé. En la empresa me dijeron que todo era mentira y que no era la primera vez que usaban el nombre de la marca para convocatorias falsas, pues varias chicas habían llamado ya, antes de mí, con historias similares”.

Eliminó las imágenes y el video que había enviado. “Pero ya era muy tarde. Días después, un tipo que no conozco me escribió y me dijo: a usted le encanta estar mostrando las tetas. Me puse fría. Lo que sentí fue horrible. Sabía lo que se venía, pero no podía creer que me estuviera pasando a mí”.

También por messenger, empezaron a pedirle a Ana un video desnuda, a cambio de no publicar el contenido que ya tenían. Fue ahí cuando decidió contarle a su familia lo que estaba sucediendo y con apoyo de sus acudientes puso una denuncia en línea a la Fiscalía, también se contactó con el Bienestar Familiar y acudió a la Policía pero, según cuenta, lo único que le dijeron fue: “si ves que suben el video, avísanos”.

Ana asegura que se sintió completamente perdida en la ruta de denuncia y muy confundida ante esa respuesta de las autoridades. “¿Yo cómo voy a saber si el video ya no está difundido? ¿No deberían ellos investigar?”. Algo similar han vivido las víctimas del caso Babados Killa, denunciado por la periodista Valentina Hereira.

Hereira, de 21 años y quien estudia Comunicación Social, contó cómo en este grupo de Telegram, del que hacían parte alrededor 11 mil hombres —de hecho, luego de las denuncias públicas se hizo aún más popular y alcanzó los 15 mil integrantes—, filtraban contenido sexual no consentido de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El grupo en Telegram fue cerrado, pero sigue teniendo su contraparte con menos integrantes en WhatsApp y una cuenta activa en Instagram, que volvieron privada hasta el momento de publicación de este artículo.

Además, luego de su informe periodístico, Hereira ha recibido amenazas contra su vida, así como de violencia sexual. En las amenazas advierten que esto es una represalia “por sapa”. No ha sido la única. Otras mujeres, algunas de ellas activistas por los derechos de las mujeres en Barranquilla, también recibieron amenazas por replicar las denuncias.

El video de Hereira alcanza más de 500 mil vistas en YouTube y cientos de personas etiquetaron a las autoridades en la publicación. Días después, las instituciones de la ciudad organizaron una reunión con seis de las víctimas, luego de la insistencia de la ciudadanía. Allí estuvieron funcionarios de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, la Procuraduría y la Línea Violeta.

Según Andrea Ariza, activista feminista que participó en la reunión, “todo allí era muy contradictorio. Las instituciones empezaron diciendo que rechazaban la violencia, pero luego insistieron mucho en la responsabilidad de las mujeres frente al manejo de las redes. Parecía un regaño a las víctimas”. Además, la Fiscalía le pidió a Hereira hacer un video en donde les hablara a las mujeres de “la importancia de no enviar contenido sexual”. “Me sentí muy extraña en esa reunión. Era como si me estuvieran sugiriendo que la culpa recae sobre las mujeres”, asegura Hereira.

Este prejuicio ha generado mucho daño emocional en las víctimas, quienes relatan cómo su primera reacción cuando vieron su contenido difundido sin consentimiento fue culparse por haberse fotografiado y tener las fotos guardadas en el celular que luego fue hackeado, o por haber enviado este contenido a sus parejas o exparejas. Esa culpa les impedía contar lo sucedido o denunciar ante las autoridades.

Sin embargo, Helda Marino, jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, desmiente a las víctimas de Babados Killa y asegura que ella no escuchó ningún tipo de revictimización. “Desde la Oficina rechazamos estas acciones, que se constituyen como violencia de género, porque van en contra de la libertad e integridad de las mujeres”.

Amalia Toledo, experta en temas de violencia digital en razón del género, cree que “el patriarcado claramente carga en nosotras toda la responsabilidad. Pocas veces (menos de las que debería ser) la responsabilidad recae en quienes vulneraron nuestros derechos cuando de violencia machista se trata. El patriarcado nos ha enseñado que lo aceptable es que las mujeres nos neguemos a disfrutar libremente de nuestra autonomía”.

Toledo también cree que esta carga injusta que históricamente ha recaído sobre las mujeres tiene un nuevo espacio en el entorno digital, que no ha sido diseñado para proteger a poblaciones históricamente discriminadas. Además, la ausencia de leyes certeras dificulta aún más el panorama de las víctimas.

En ese sentido, Sara Ibáñez, abogada experta en delitos informáticos, asegura que parte del problema es que aún no existe en el Código Penal el delito de difusión no consentida de imágenes sexuales. “Sin duda, si te están pidiendo algo a cambio de no publicar contenidos sexuales, hablamos de una extorsión, que sí existe en el Código. En otros casos podemos hablar del delito de injuria de hecho, sin embargo, es fundamental crear un delito específico que permita identificar el problema, que es mucho más grave que una injuria. Solo así las autoridades podrán actuar diligentemente”.

*Nombres cambiados por la seguridad de las fuentes.

Ricardo Ávila Palacios

Por Ricardo Ávila Palacios

Periodista bogotano y abogado en uso de buen retiro. Creador de Tip Legal, con la pretensión de difundir pedagogía jurídica como una forma de servicio a la comunidad de lectores de El Espectador. Autor de los libros “Derecho a la información” (2005) y “La fabulosa historia del atletismo colombiano” (2019).@ricardoavilapalaciravila@elespectador.com
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