Por: Humberto de la Calle

Narconexión

En favor de Duque: hay que atacar el narcotráfico. Y el crecimiento de cultivos ilícitos es insoportable.

En favor de Duque: La ruptura entre narcotráfico y rebelión, según ha precisado, rige hacia el futuro. Es una precisión razonable. Esto hay que reconocerlo.

Pero hay motivos de crítica:

El borrachito trasnochador busca debajo de un farol las llaves extraviadas de su casa, pese a que no se perdieron allí, sino en otro lugar. Un policía le dice: Señor, ¿pero usted perdió las llaves aquí? No. Pero aquí es donde hay luz para buscarlas.

El Gobierno presentó su reforma constitucional para romper la pretendida conexidad entre la rebelión y el narcotráfico. Propósito muy popular en campaña pero problemático. En efecto, la motivación principal de voceros del Centro Democrático ha sido la de no amnistiar el narcotráfico. Lo que significa que el problema está del lado de la amnistía y no del lado de la conexidad.

Buscar las llaves donde no están tiene el efecto de embolatar también la solución. Es un sofisma decir que se pactó la impunidad para el narcotráfico. Una cosa es que algunos crean que las sanciones propias de la JEP son insuficientes. Pero claramente no se pactó ninguna amnistía o indulto para esa cadena de delitos.

El artículo segundo de la propuesta de Acto Legislativo del nuevo Gobierno es simple retórica angelical. Dice: “En ningún caso los delitos asociados con el narcotráfico serán considerados como conductas dirigidas a financiar el desarrollo de la rebelión”. Las normas no cambian las realidades. Una cosa es discutir con el médico la cura del cáncer. Otra muy distinta pelear con la radiografía. El Eln se ha mezclado con el narcotráfico. ¿Cierra esto la puerta para un acuerdo con ese grupo? ¿Si la paz con esa organización llega a estar a la vuelta de la esquina, tocará derogar lo que hoy se propone?

Es una exageración decir que este es un problema moral. Una cosa es discutir la pertinencia moral del delito político y otra regular la conexidad. Aceptar la conexidad de varios delitos mucho más graves, pero no la del narcotráfico, es un problema de política criminal. Los ataques morales habría que librarlos contra la rebelión. Nuevamente las llaves están en otro lugar. Es cierto que el delito político está languideciendo. Es un mueble viejo. Pero creo que todavía en Colombia podemos sentarnos en él, mientras el nuevo ajuar se estabiliza.

En La Habana dijimos que las conductas asociadas con el narcotráfico que no tenían como fin la sustanciación de la rebelión eran delitos comunes. Ni siquiera entran a la JEP. Por el contrario, si había relación de medio a fin, no es que los cobije la amnistía, sino que tienen el tratamiento punitivo propio de la JEP. Eso fue lo que hizo la Corte Suprema en el caso de los paramilitares. Una sentencia de 2010 aceptó que el narcotráfico sería englobado en la solución transicional a los paras si correspondía a los fines de la organización criminal. Esto es, mucho antes de La Habana. Y no propiamente para las Farc.

Tengo claro el recuerdo de una reflexión que hicimos con Álvaro Uribe después del plebiscito. Me manifestó que este criterio era correcto. Pero no soy quién para interpretar sus ideas.

 

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