Por: Gustavo Gallón

Negacionista, pendenciero e ineficaz

El relator de Naciones Unidas sobre defensoras y defensores de derechos humanos ha publicado un informe sobre Colombia, que presentará el próximo 4 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según el Gobierno, “el relator anota que la gran mayoría de los defensores están en peligro; que actores estatales y no estatales, incluidas las empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder, estarían detrás de los ataques y las amenazas; que Colombia es el país con el mayor número de defensores asesinados en América Latina”. En respuesta a lo anterior, el Gobierno ha manifestado que “rechaza tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones (…) que no reflejan de manera fidedigna la situación actual del país”.

¿Que no reflejan la situación actual del país? Desde el Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados innumerables defensores de derechos humanos y líderes sociales. Los registros de la Comisión Colombiana de Juristas llegan a 608. El relator reseña números mucho menores (486 de la Defensoría, hasta 30 de junio de 2019, por ejemplo) y “aclara que las diferencias en cifras responden a diferentes metodologías en la documentación de los casos”. El rechazo tajante que el Gobierno plantea frente al informe del relator es equivocado, por múltiples razones.

Primero, porque ignora la gravedad del problema, en vez de reconocerla. Debería más bien afirmar y reiterar su voluntad de prevenir, investigar y sancionar los graves y sistemáticos ataques a defensores y líderes sociales, y agradecer el acompañamiento de supervisores internacionales en la materia, como el relator especial, para superar esta tragedia. Enfrentarse con el relator es un error comparable al de pelear con el médico que advierte una enfermedad. Además, las consecuencias de ello recaen sobre la sociedad en su conjunto y no solamente sobre el Gobierno.

Segundo, porque el Gobierno desgasta energías discutiendo estupideces y amañando sus análisis. Así, cuando el relator afirma que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc “puso fin a más de cinco decenios de conflicto armado entre las partes”, el Gobierno suprimió las palabras “entre las partes” y argumentó que varios grupos armados “persisten en su accionar armado y violento (…), por lo cual la afirmación ‘puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado’ no solo es imprecisa, sino que es incorrecta”.

Tercero, porque desdeña torpemente algunos reconocimientos que el relator le hace. Algunos de ellos son válidos, como la importante actividad de la Unidad Nacional de Protección, su enfoque de género y “el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y su plan de acción (2018)”. Otros son inmerecidos, como el Plan de Acción Oportuna. ¿Qué tan oportuna ha sido esa acción, si continúa el desangre de defensores y líderes sociales?

En vez de enfrentar al relator, el Gobierno debería asimilar sus recomendaciones y fortalecer su capacidad para resolver este exterminio. Si lo que quiere es exponerse a una reprimenda en Ginebra el 4 de marzo, la tendrá. Con ello no evitará, sin embargo, que sigan matando a defensores y líderes sociales en Colombia.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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