Ni sí, ni no, sino todo lo contrario

Daniel García-Peña
09 de octubre de 2018 - 05:45 a. m.

Se acaban de cumplir los dos primeros meses del gobierno de Duque y nada que arranca o se aclara el futuro del proceso de paz con el Eln. En su discurso de posesión, el presidente afirmó que en los primeros 30 días de su gobierno se realizaría “una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el Eln”, lo cual produjo mucha expectativa. Igualmente, la decisión por parte del Eln de liberar a los militares retenidos y a los civiles secuestrados por esos días, generó la esperanza de una pronta reanudación de los diálogos.

Sin embargo, pasan los días y aún no pasa nada de nada. La evaluación del gobierno fue no muy responsable (dejando por fuera a amplios sectores de la sociedad civil), excesivamente prudente (no se conocen resultados) y claramente incompleta (ni siquiera se habló formalmente con la contraparte). El gobierno se ha limitado a ponerle condiciones al Eln, lo cual en principio sería lógico y legítimo, pero al ser cambiantes, ambiguas e irreales, en vez de precisar, vienen enredando aún más las cosas.

Primero, la condición fue liberar a los secuestrados. Pese a la negación del gobierno de aceptar los protocolos establecidos hace años para tales eventos, el Eln procedió con las liberaciones en Arauca y el Chocó. A renglón seguido, el gobierno ha insistido en que sean liberados todos los secuestrados, sin indicar a cuáles ni a cuántos se refiere.  

En mi opinión, las Farc fueron más inteligentes al respecto. Decidieron, antes de sentarse a negociar, renunciar al secuestro y liberar a todos los secuestrados, en gran parte debido a la gestión de Piedad Córdoba, a quien el país entero le debe un profundo agradecimiento. Esto permitió que el tema del secuestro no fuera parte de la agenda ni se atravesara en las negociaciones, para así poder concentrarse en temas más significativos para el país como el desarrollo rural y la participación política.

Muchos sectores diversos le han expresado al Eln el repudio absoluto a esta práctica claramente violatoria del derecho internacional humanitario, conocida por éste como la toma de rehenes. En este mismo espacio de opinión le he insistido en varias ocasiones al Eln que debe renunciar al secuestro no como concesión al gobierno sino a la sociedad que dicen privilegiar.

Una cosa es establecer condiciones mínimas para reorientar el proceso, que respondan además a las exigencias de la gran mayoría de la población, como es el caso del fin de los secuestros. Y otra cosa muy, muy diferente es poner condiciones que no corresponden a unas negociaciones de carácter político o, peor aún, que sean imposibles de cumplir.

Últimamente, el presidente Duque ha dicho que, para reanudar el diálogo, el Eln debe “suspender todas las actividades ilícitas”. Pues resulta que todo lo que hace el Eln es ilícito: portar armas, usar sus brazaletes y uniformes privativos de la fuerza pública, hasta el mero hecho de pertenecer al Eln es ilegal. Por ello, exigir que se suspenda toda actividad ilícita es prácticamente pedirle al Eln que deje de existir, sin más ni más.

Por otra parte, decisiones como la de excluir a Venezuela como país facilitador solo puede resultar de un acuerdo entre las partes.

Hace unas semanas en un programa de TV con la periodista Claudia Palacios, al comisionado de Paz Miguel Ceballos le preguntaron acerca del Clan del Golfo, y con razón dijo que ese tema no correspondía a su despacho, ya que solo le conciernen los actores de carácter político. Sería bueno que Ceballos le explicara al presidente la diferencia fundamental entre un sometimiento a la justicia y una negociación política que, por sus declaraciones, no parece tenerlo tan claro.

Es posible concluir que el escenario deseado para el gobierno es prolongar a lo máximo el statu quo, es decir, ni romper ni reanudar. Lo primero acarrearía un inmenso costo frente a la comunidad internacional y lo segundo, podría traer el rechazo de la línea dura del uribismo, para quienes no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista que solo se puede resolver con chumbimba.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer con el Eln. Entre tanto, son las comunidades en los territorios las que llevan del bulto. Y es triste reconocer que, para buena parte de la opinión pública urbana, no existe mayor interés por el proceso con el Eln, como sí se obsesionó con el de las Farc, a favor o en contra.

Es natural que en un momento de recambio como el actual, las partes quieran mostrarselos dientes. Espero que no triunfen los instintos primarios de machismo de lado y lado. Porque cuando empiezan los mordiscos, la pelea no la para nadie.

*Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.

danielgarciapena@hotmail.com

 

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