No es tiempo de ortodoxia económica

No es tiempo de equilibrio fiscal ni monetario. Por el contrario, es la hora de que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda tomen medidas drásticas que aporten recursos gigantescos para que el Estado pueda actuar en todos los frentes necesarios de esta guerra contra la pandemia, que está haciendo estragos en la economía.

El ministro Carrasquilla acopió 1,4 % del PIB en recursos de las pensiones territoriales y de ahorros petroleros sin reconocer intereses. No es grave, si eventualmente devuelve el dinero. Lo grave es la mezquindad de su política. El gobierno de Estados Unidos gastará 10 % del PIB para combatir el coronavirus, mientras que Alemania destinará 20 % de su producto para contenerlo y reactivar su economía. Incluso nuestro vecino Perú, más sano en sus equilibrios macroeconómicos que Colombia, está movilizando el 12 % de su PIB para combatir la crisis. Debemos, al mismo tiempo, abrir cautelosamente sectores claves para evitar el desabastecimiento y la inflación.

El Banco de la República, por su parte, bajó su tasa de referencia a 3,75 %, que se compara mal con el 0 % de la Reserva Federal de Estados Unidos, con Chile que la redujo al 1 % y con Perú que la bajó al 1,5 %. Si a la Junta Directiva le parece que debe estar combatiendo la inflación, hay que insistirle en que el peligro mayor no es ese. El riesgo inminente es la extensión del contagio de la peste y el colapso de la economía. Estuvieron bien las medidas de adquirir bonos corporativos del sector privado y facilitar el endeudamiento del Gobierno, pero debe considerar esfuerzos adicionales tanto en reducir el precio del dinero como en aumentar su cantidad.

De hecho, el banco central debe prestarle directamente al Gobierno porque este no puede recurrir al endeudamiento externo por la pérdida de reputación, debido a la mayor percepción de riesgo de los llamados mercados emergentes. Los préstamos al Gobierno pueden hacerse bajo condiciones favorables de plazos y tasas de interés, mediante títulos especiales, que deben ser honrados; para eso, se debe obligar a una reforma tributaria que recaude por lo menos un 5 % adicional del PIB sobre el raquítico nivel actual. Los impuestos deberán recaer obviamente sobre la renta y el patrimonio de los más ricos.

Es loable que la organización de Luis Carlos Sarmiento done $80.000 millones para combatir la pandemia, pero debe considerarse que el monto puede reducir su factura tributaria por el equivalente, mientras que sus utilidades netas en 2019 fueron superiores a $3 billones. Mejor sería aplicar un tributo de 50 % a ese monto para financiar adecuadamente el Estado. El sistema financiero deber recibir ingentes recursos públicos, en la medida en que las empresas y las personas no puedan honrar sus deudas; por eso mismo, debe ser solidario con el Estado que deberá estar dispuesto a salvarlo cuando lo requiera.

La crisis está poniendo en evidencia también la mala calidad del sistema de salud basado en el aseguramiento privado, pues hará necesario que el Gobierno nacionalice a las EPS incapaces de cumplir funciones esenciales, dejando sólo a las que son manejadas sin corrupción y con eficiencia. Así mismo, el aseguramiento privado de las pensiones puede desplomarse junto con el mercado bursátil colombiano, y el internacional también, así que Colpensiones deberá cubrir las falencias de los fondos privados. Se requiere de un cambio profundo en la economía política del país.