No más violencia contra activistas sociales

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Las agresiones contra líderes y lideresas sociales están afectando a muchas comunidades en diversas regiones del país. Por ello, Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos. Para esta columna he escogido a tres personas asesinadas en Córdoba, donde la situación es particularmente dramática.

Nataly Salas Ruiz, de 19 años, líder estudiantil, cursaba primer semestre de Matemáticas en la Universidad de Córdoba, y asistía a una iglesia evangélica en Montería. Fue desaparecida el 3 de diciembre de 2016 y hallada muerta cuatro días después. Habría sido víctima de violencia sexual y luego asesinada en una laguna. Desde finales de 2017 se institucionalizó en Montería el 3 de diciembre como el Día contra el Feminicidio.

Orlando Negrete Ramírez pertenecía a la organización Cordobexia y presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Delicias, en Tierralta. Él formuló una serie de denuncias sobre un grupo armado que estaba cobrando vacunas a los mineros del municipio. El 2 de junio de 2018 fue asesinado en Tierralta por dos hombres que le dispararon mientras jugaba fútbol. Su principal labor consistía en atender las reclamaciones de los mineros por el cobro de vacunas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

También se atribuye a las AGC el asesinato de miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), como el de Hernán Agámez Flórez, el 19 de enero de 2017. Hacía parte del comité cocalero de la vereda San Ciprián, del corregimiento de Tierradentro, en Montelíbano, Córdoba. Asesoraba a los campesinos de la zona en su proceso de sustitución de cultivos, y preparaba a las comunidades para la fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo de Paz. Su cuerpo sin vida fue trasladado en hamaca por miembros de la guardia indígena zenú San Jorge hasta el municipio de Juan José, en donde vivía con su familia.

Ascsucor fue creada en 2012 y defiende la implementación del Acuerdo de La Habana y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Han asesinado a 15 de sus miembros, ocho de ellos durante el actual gobierno. Los más recientes han sido Arcángel Pantoja y Omar Agudelo en Puerto Libertador, en dos episiodos diferentes, el pasado 1º de junio. El 4 de junio, día de su entierro, las AGC citaron a los líderes y las lideresas del corregimiento de Juan José, en Puerto Libertador, con el objetivo de amedrentar a Ascsucor y a sus dirigentes, Arnobis Zapata y José David Ortega, por haberlas señalado como responsables de los asesinatos. Ambos líderes se han tenido que desplazar forzadamente y el trabajo de la asociación se ha alterado en lo esencial.

Urge frenar esta macabra oleada de asesinatos en Córdoba y en todo el país. Algo muy grave falla en la eficacia de las acciones necesarias para desmantelar los grupos autores de estos crímenes. ¿No puede, o no quiere, el Gobierno garantizar la vida de las y los activistas sociales?

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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