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Uribe se proclama víctima de un complot por parte de una Corte Suprema fariana y mafiosa, y renuncia a su curul en el Congreso. Mientras tanto, su estridente abogado le envía a aquella una amenaza transparente: si no es consistente con su jurisprudencia anterior, es decir, si mantiene el caso, entonces “eso tiene consecuencias”.

Saco dos conclusiones básicas del aparatoso evento. Primero, la duplicidad extraordinaria del discurso uribista. Hay ejemplos a granel. Rechazo a la “politización de la justicia”, pero a la vez sometimiento del tribunal de su caudillo a una presión intolerable. Metiendo en el juego de manera directa a los Estados Unidos, para que ataquen a nuestro aparato de justicia: un nuevo Rubicón que pasan en su deriva antidemocrática la extrema derecha colombiana y la estadounidense. Rechazo dolorido y melancólico al “discurso de odio” y a la “polarización”, pero a la vez denuncias temerarias —y, hay que decirlo, con potencial homicida—, insultos y amenazas contra todo aquel que se interponga en su camino. No hablemos ya del cuento de “el que la hace la paga”, que era apenas un pañuelo desechable para limpiar superficies percudidas durante la competencia electoral. Ahora la consigna es ajustar las reglas de juego para que el caudillo y su círculo íntimo queden por encima de la ley. Y esa es ya claramente la máxima prioridad de este desastroso Gobierno, mientras que las masacres, el asesinato de líderes y la pandemia campean a sus anchas.

¿Entonces están amarrando los intereses del país a la suerte de Trump? El sub-sub-subsecretario de alguna cosa que recientemente nos visitó prometió que, a cambio de obedecerles en todo y fumigar a los campesinos, se nos meterían al rancho para demandar la libertad de Uribe —claramente lo que quiere Duque— y nos darían acceso a una vacuna. Deplorable, pero además creo que la segunda parte de la promesa es falsa: lo de la vacuna promete convertirse en otro fabuloso sainete de ineptitud que pagaremos con cientos, quizás miles, de “fallecidos”.

Segundo, nada de esto hubiera podido ocurrir si no hubiéramos pasado por un proceso de normalización de toda una serie de prácticas destructivas. Ya se normalizó que Uribe tenga un equipo de abogados “presentable” para el día —el gritón Granados— y otro impresentable pero efectivo para operar de cara a la delincuencia organizada —el abohámster Cadena—. Ya se normalizó que el equipo diurno pueda amenazar impunemente a un alto tribunal, sin que alguien indague qué quería decir (a la periodista con seguridad ni se le ocurrió repreguntar). Ya se normalizó que un líder pueda tener toda clase de relaciones peligrosas y no dé explicaciones a nadie: quienes tienen que salir a explicarse son sus jueces. Ya se normalizó entonces la presencia en nuestra vida pública de popeyes y tusos, de parapolíticos y de toda clase de hampones o de amigos de hampones. Ya se normalizó que se ponga a todo el país a cambiar la Constitución y las leyes para rescatar a un caudillo. Ya se normalizó que el Gobierno cope con sus validos los organismos de control, para que cuando el caso pase a las manos apropiadas a nadie se le ocurra herir la delicada sensibilidad de este pobre hombre sin garantías.

Y como todo eso ya es normal, permítanme parafrasear a Granados para recordar que “esto tiene consecuencias”. No pretendo, como parecía estar haciendo el histérico defensor, enunciar una amenaza, entre otras muchas cosas porque esto nos afecta a todos: es una advertencia sobre lo que viene. Semejantes prácticas, por normales que nos parezcan hoy, no quedan ahí. Es una de las razones por las que, cuando los partidos tienen la expectativa de pasar en algún momento a la oposición y cuando piensan más allá de sus pulsiones inmediatas, se abstienen de usar ciertas herramientas y de sentar ciertos precedentes. No digan después que no se les advirtió.

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