Nueva visión del salario mínimo

Hay que entender que la inflación se da más por prácticas monopólicas que por los salarios.

La política salarial ha sido guiada por las concepciones clásicas y neoclásicas de que el bajo crecimiento y el desempleo se originan en las rigideces laborales, y en los últimos años se marcó por la represión salarial y en la austeridad monetaria y fiscal. La visión ha sido totalmente controvertida por la experiencia nacional y mundial que muestra una realidad distinta. Las principales causas de las recesiones, el desempleo y las crisis son la baja demanda inducida por la represión salarial y monetaria, así como la especulación.

La constante de los últimos años, unas veces por los artificios metodológicos y otras por la acción unilateral del Gobierno, ha sido el establecimiento del salario por debajo de la productividad. La política no ha contribuido a mejorar las condiciones del mercado laboral. En la actualidad la relación empleo-población es menor que la existente en 2002, cuando se modificó la metodología del Dane, es decir, en plena bonanza la ocupación evolucionó por debajo de la población. Los ingresos del trabajo bajan en forma sistemática y, de acuerdo con el último informe de la CEPAL, la pobreza apenas descendió 8 puntos porcentuales en los últimos 25 años. Para completar, los bajos niveles salariales mundiales han contribuido a generar excesos de ahorro que impiden el desempeño regular de la producción y propician las valorizaciones de los activos.

Hace un tiempo la moderación de los ajustes salariales se justificó en términos de las condiciones cambiarias. El alza del salario mínimo en un momento de revaluación se presentaba como un factor destructivo que se llevaría por delante las empresas exportadoras y de sustitución de importaciones, y el sacrificio de las aspiraciones como una contribución para salvarlas. En cualquier caso, el argumento perdió toda validez en los últimos meses; la cuantiosa devaluación suministra un amplio margen para elevar los costos salariales, a tiempo que la baja de los precios externos de las materias primas y los alimentos contrarrestan los posibles efectos inflacionarios. Para completar, en un marco recesivo un poco de inflación no hace mal, porque permite establecer la tasa de interés en niveles negativos y evitar la depresión.

El rechazo a la propuesta de los trabajadores revela sesgos y prejuicios, y contrasta con la aceptación unánime a la propuesta oficial de no reflejar la baja de los precios del petróleo en las cotizaciones de los combustibles para aumentar los ingresos fiscales y apoyar proyectos faraónicos de infraestructura, cuando el país carece del marco institucional para realizarlos. Las obras viales resultan valiendo varias veces más de la cifra que sirvió para asignarlos en las licitaciones publicas, y en el caso de los proyectos, como los del IDU, el costo por trabajador es de $70 millones, seis veces más que en la vivienda de interés social o en la pequeña y mediana industria. Tan cierto es esto que el Plan 2500, que no era más que el reparcheo y la pavimentación, resultó valiendo 50% más de lo presupuestado y su realización se demoró el doble de lo anunciado. No es necesario profundizar para advertir que el alza de los salarios tiene un impacto inflacionario mucho menor que el mantenimiento de los precios de los combustibles y una incidencia sobre la demanda mucho mayor.

Es hora que se entienda que la transmisión de la inflación se efectúa más por las prácticas monopólicas que por los salarios. Las multinacionales y las instituciones nacionales se dieron el lujo de elevar las tarifas en el doble de la meta. Algo similar sucede con las matrículas de las instituciones educativas que escapan de las normas legales y de los medicamentos que se salen de toda proporción.

Confiemos en que el debate no gire alrededor de las razones que se dieron en el pasado para deprimir el salario mínimo. Las concepciones que justificaron semejante manejo están desacreditadas y las circunstancias de la economía son totalmente distintas. La elevación del salario mínimo en 5 puntos por encima de la inflación aparece como el medio más expedito para ampliar la demanda y detener el desplome de la producción y el empleo, contrarrestar el deterioro de la pobreza en los últimos dos años, y si se acompaña de una severa regulación administrativa de tarifas y precios no tendría mayores efectos sobre la inflación ni en las actividades transables.