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Sea esta la oportunidad para que el actual Gobierno subsane una serie de inconvenientes que se están presentando con la legalización y tenencia de tierras, puesto que, con la entrada en vigor de la Declaración de Derechos de los Campesinos, aprobada por la ONU, son muchas las dudas que se podrán aclarar y solucionar, que ya no seguirán en abstracto, pero sí en concreto.
Por ejemplo: como lo dijimos en columnas anteriores, la tenencia de la tierra en manos de quienes son auténticamente campesinos es un derecho inquebrantable que no puede sustraerse de la razón y del buen entendimiento. No se justifica que los gamonales latifundistas que poseen inmensas extensiones de tierras baldías e improductivas por su avaricia y terquedad quieran continuar torpedeando el desarrollo rural.
A partir de la firma y protocolización de este tratado, nuestros campesinos en Colombia ya no serán el instrumento básico de las campañas políticas, donde los gamonales, azuzados por poderosos terratenientes, siempre les prometen lo divino y lo humano para finalmente dejarlos colgados de la brocha, como máximo permitiéndoles sembrar en una pequeña parcela para su supervivencia.
Aunque faltan algunos trámites para oficializarlo, ya es un hecho que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Consejo de Derechos Humanos, aprobó el tratado de los derechos fundamentales para los campesinos de todo el mundo, y al que Colombia como uno de sus miembros está en la obligación de vincularse, adoptándolo como política de Estado con implicaciones internacionales.
A partir de la aprobación del tratado de los derechos fundamentales de los campesinos, los habitantes de las áreas rurales de ambos sexos serán sujetos de derecho y no podrán ser discriminados, ni mucho menos estigmatizados; gozarán de todas las prerrogativas y beneficios para vivir y cultivar la tierra, con todas las exigencias y comodidades que para ello se requiere.
Pero, lo más importante: por el solo hecho de ser campesinos acreditados, tendrán derecho de acceder a la tierra y a las semillas para la implementación de los proyectos productivos. He aquí una buena oportunidad para que el Gobierno, a través de su ministro de Agricultura, inicie cuanto antes el programa de legalización y tenencia de tierras, que forma parte de la etapa posconflicto del Acuerdo de Paz, y al que buen número de desplazados se encuentran esperando una oportunidad para acceder nuevamente.
El tratado que fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, es una decisión que contiene 28 artículos y que todos los países vinculados a la ONU deberán circunscribir, para que sea de obligatorio cumplimiento el acatamiento de las normas que regulan las actividades de los campesinos en sus parcelas, dentro de la jurisdicción de sus competencias.
No olvidemos que nuestros campesinos en Colombia siempre han estado sujetos a la voluntad de los gobiernos de turno, que es muy poco lo que les cumplen, pues no existen políticas claras que permitan vincularlos con programas de formación rural.
Otro de los factores por los que nuestros campesinos están abandonado el campo es la carencia de vías de comunicación para sacar sus productos a las centrales de abastos, muchas veces tienen que abandonarlos en las carreteras, puesto que transportarlos es demasiado costoso.
Los programas de agroindustrialización, de formación rural y servicios públicos para sus viviendas y oficios productivos son otro de los bemoles que se les presentan, razón por la cual se ven obligados a emigrar a las áreas urbanas a fortalecer los cinturones de miseria.