Los fantasmas de la guerra

Poco impacto ha tenido en Colombia la derogatoria de la ley de amnistía en El Salvador, aprobada en 1993, mediante la cual se absolvió a todos los actores de ese conflicto que duró 12 años y dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

Al fallo, de mediados julio, se refirieron The New York Times en un editorial del sábado; la Conferencia Episcopal de El Salvador que se alegró con la decisión de la Corte Constitucional, pues considera que abre la posibilidad a la consolidación de la paz, a la superación de la impunidad y, por consiguiente, a la reconciliación nacional; y las Naciones Unidas, que calificaron la derogatoria de la amnistía como un “paso histórico” para la “investigación de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables y la reparación a las víctimas y a sus familiares”.

El argumento de la Corte fue el de que la ley, al concederles “amnistía general e incondicional a los delitos atroces”, violó la Constitución de El Salvador y algunos tratados internacionales, y violentó el “derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad”. Agregó que una Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1992, estableció que no gozarían de amnistía las personas que “hubiesen participado en graves hechos de violencia” ocurridos desde el 1 de enero de 1980, según un informe de una Comisión de la Verdad que investigó atrocidades cometidas durante el conflicto. No obstante, la Corte Constitucional explicó que esa disposición resultó “derogada” con la Ley de Amnistía, “negando con ello lo pactado expresamente en los acuerdos”.

Ahora el meollo del asunto está en que la caída de la amnistía permite que los familiares de las víctimas de crímenes de guerra demanden ante la justicia a los torturadores y asesinos. Y, en la medida en que el actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, fue uno de los líderes de la guerrilla, sus adversarios podrían estar tentados a utilizar la derogatoria de esa ley para causarle un daño político. Y los militares consideran, por su parte, que con la caída de la amnistía, muchos de ellos, que cometieron delitos atroces, quedarían afectados.

Sin embargo, a estas alturas, parece que habrá una salida al impasse: El Diario de Hoy de El Salvador, del domingo pasado, da cuenta de que el presidente Sánchez adelanta un acuerdo político para que se apruebe una Ley de Reconciliación Nacional que permita el conocimiento de la verdad, la reparación moral y el resarcimiento de los daños a los familiares de las víctimas del conflicto, y busca que se elabore un justicia transicional que brinde la posibilidad del perdón.

El que 23 años después de concluida la guerra salvadoreña, su fantasma despierte con la caída de esa ley, demuestra lo acertado de la negociación entre Colombia y las Farc, que incluye la creación de una jurisdicción especial de paz para juzgar los crímenes atroces cometidos por todos los actores del conflicto, así como la de un tribunal que investigará, imputará, juzgará y sancionará estos crímenes, y la aplicación de una amnistía que solo cubrirá los delitos de rebelión y conexos, pero que excluirá los delitos internacionales. Además, en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz es parte integral de los acuerdos y tendrá control constitucional, lo que vuelve muy poco probable que el fantasma de nuestra guerra resucite algún día. Como en El Salvador.

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