Salvo contadas excepciones este ministerio siempre fue un comodín para que el presidente de la República pudiera cubrir cuotas de gobernabilidad.
En los años 90 la ola de privatizaciones a nivel mundial, la liberalización de redes y servicios, el desarrollo tecnológico —incluida la irrupción de internet— y el derecho a la libre competencia, forzaron el rediseño institucional del sector de telecomunicaciones, lo cual incluyó la creación de la que es hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Sin embargo, el ministerio de Comunicaciones siguió anclado en el pasado.
En 2009 se le cambio el nombre por el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). Un embeleco semántico que no trajo ningún cambio sustancial como tampoco sucedió con la Ley 1978 de 2019 con todo y que le permitió a la entidad concentrar aún más poder.
En el caso de Centros Poblados seguramente pasarán muchos años antes de que la justicia penal condene a los culpables. Por lo pronto lo que quedó en evidencia fue la debilidad institucional del Mintic, a pesar del alud de funciones a su cargo. Más allá del escándalo es hora de pensar en rediseñar a esa entidad para que se parezca más a una buena superintendencia y deje de ser el administrador de un fondo multibillonario cuya rentabilidad social es bien dudosa.
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El objetivo de alcanzar un cubrimiento universal de internet es esencial para el bienestar social y el desarrollo económico. Por su trascendencia, no debe estar solo en manos de Mintic. Tal objetivo es un delicado asunto de infraestructura que requiere articulación institucional, alta ingeniería, creatividad financiera y conocimiento del mercado.
La imagen de los funcionarios públicos repartiendo tabletas y computadores a niños en los barrios y zonas más pobres retrata la demagogia que ha dado al traste con la meta de conectividad que necesita este país.
@jcgomez_j
