Pacto por la seguridad

La política de seguridad presentada esta semana por el Gobierno Nacional es verdaderamente un documento estratégico. No se trata de un retórico tratado de seguridad, ni de un extenso diagnóstico que busca describir en detalle una vez más una realidad que se pretende intervenir. No es un documento que se entretiene en digresiones académicas y teóricas sobre las causas de la violencia, ni una puesta en escena de debates de naturaleza política que ponen a pelear a tirios y troyanos. Es un documento breve, que va al grano del problema, que identifica con la complejidad de lo simple una serie de amenazas y propone acciones concretas para revertir y prevenir realidades que se deben enfrentar.

Con franqueza absoluta, extraña en documentos oficiales, la política reconoce sin ambigüedades algunas de nuestras limitaciones estructurales. Principalmente aborda de forma directa la conflictividad que se deriva de la ausencia de instituciones estatales que genera marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales. Así, sin aspavientos ni complejos, reconoce lo obvio, y es que el Estado colombiano ha fracasado históricamente en la prestación de servicios sociales y provisión de bienes públicos, sin los cuales, como es natural, en amplios territorios impera la ley del más fuerte, es decir, la arbitrariedad y la violencia. Por ello, la estrategia de seguridad se concentra principalmente en la definición de acciones articuladas para adelantar una intervención territorial integral que va más allá de lo militar y reclama la necesaria coordinación de agencias estatales para reducir de manera significativa la violencia. Se trata no solo de estabilizar el territorio, sino de integrarlo a un modelo de desarrollo apalancado en presencia institucional, la economía de mercado y el imperio de la ley.

Sin detenerse en juicios de responsabilidad política, el documento describe en forma clara y concreta los perversos efectos del crecimiento exponencial de la coca y de la extracción ilícita de minerales que incentivan las más crueles violencias en los territorios y de paso tienen devastado el medio ambiente. En ello, no cabe duda, se trabajará como prioridad incuestionable. También resulta relevante la inclusión y mención reiterada en la política de un objetivo específico, orientado a preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, los cuales se consideran activos estratégicos de la Nación. Podremos esperar, pues, una más decidida acción institucional para sacar a los criminales de las áreas de protección ambiental y mayor determinación para desmantelar las actividades criminales que depredan el medio ambiente.

Sin embargo, el elemento más novedoso, impronta del gobierno Duque ya en otras áreas de la administración, es el tema tecnológico. La idea de incorporar la innovación, inteligencia estratégica, prospectiva e inteligencia artificial como instrumento para combatir de manera anticipada los fenómenos criminales y de riesgo en sus más complejas dimensiones es una apuesta acertada que nuestro país necesitaba con urgencia. Sin duda, representa una apuesta silenciosa y estratégica para desmantelar amenazas reales a la seguridad nacional, aunque invisibles a los tradicionales instrumentos de análisis.

La política de seguridad es en resumen una propuesta seria para un tema serio que, por múltiples razones, está nuevamente en el centro de las prioridades de política pública de nuestro país.

@NicolasUribe