Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Paz y territorios sostenibles

El pasado 19 de enero, dos días después del carrobomba y en medio de la urgencia y creciente importancia de impulsar el cumplimiento del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Farc, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) realizó el foro “Retos del campesinado del Magdalena Medio hacia la construcción de paz territorial”. Asistieron al encuentro representantes de muy diversas fuerzas y organizaciones: Naciones Unidas, Policía, Ejército, FARC, campesinos, academia y ONG ambientales y de derechos humanos. Fue una expresión de vigencia y fuerza del interés nacional por la construcción de la paz.

El foro, planeado con meses de anticipación, se inició con un minuto de silencio por los policías y por los líderes y lideresas sociales y ambientales que han muerto después de firmado el Acuerdo de Paz.

Se identificaron retos para gestionar territorios sostenibles en zonas de economía campesina. Se analizó el aporte de las áreas bajo conservación a los procesos productivos y al buen vivir y se mencionó la capacidad de autogestión de las comunidades, al generar acuerdos entre vecinos para la conservación de las fuentes de agua. Se revisaron las contribuciones del campesinado a la construcción de la paz y su aporte a la soberanía alimenticia. Se revisaron los avances y limitaciones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se implementa en el marco del Acuerdo de Paz. Lo más relevante: se realzó la importancia de mantener el diálogo entre los diversos actores sociales y buscar aliados nacionales e internacionales para apoyar el cumplimiento del Acuerdo. El representante de la FARC reconoció el reiterado reclamo de la ACVC —a todos los actores armados, incluidos ellos, y en diferentes momentos de la historia del conflicto— de condiciones para vivir en paz en su territorio.

En esta región y por iniciativa de las comunidades, se ha solicitado la creación de un Parque Nacional Natural en la Serranía de San Lucas, limitado por lo que ellos llaman la línea amarilla, que es una zona protegida por la comunidad. En esta zona, reserva hídrica de gran importancia, con el apoyo de entidades nacionales e internacionales, se han registrado endemismos de flora y fauna. La comunidad solicita apoyo institucional, pues les queda muy difícil controlar a los individuos que deciden irrespetar el acuerdo comunitario y sacar maderas o establecer fincas dentro de la reserva. 

Hay preocupación porque en el proceso de asignación de tierras se delimita la extensión estándar de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) sin considerar que, en muchos casos, hay traslape entre parte del terreno asignado e importantes zonas de conservación como nacimientos, humedales o bosque ribereño de ríos y quebradas. Se titula sin considerar que parte del predio no debería transformarse en área de cultivo o pastizal, sino destinarse a la conservación, respetando así el principio constitucional de la función ecológica de la propiedad. En estos casos, al titular se debería redefinir el tamaño de la UAF y condicionar la propiedad a la conservación de esa parte del predio. Al no hacerlo así, desde la delimitación de la UAF se está impulsando la destrucción de la regulación hídrica.

Es importante apoyar las organizaciones campesinas, construir paz y generar territorios sostenibles.

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